La Fiscalía de Baleares ha interpuesto una querella ante los juzgados a raíz de la denuncia de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN Mediterráneo) contra la cúpula de PortsIB por la gestión de los campos de boyas.
Según ha informado la asociación en una nota de prensa, la Fiscalía le ha comunicado la interposición de la querella en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma, donde ha quedado registrada como diligencias previas.
La apertura del procedimiento permitirá investigar los hechos expuestos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y determinar si pueden ser constitutivos de delito. La asociación se personará en el procedimiento.
Cabe recordar que la denuncia fue presentada contra cuatro responsables de PortsIB por supuestamente implantar nuevos campos de boyas ecológicas mientras la licitación permanece suspendida. En concreto, contra su gerente, Francisco José Villalonga; el director general de Puertos, Antoni Mercant, y dos técnicos.
La denuncia, ha indicado la asociación, llega tras meses de enfrentamiento entre la administración y las principales entidades representativas de los navegantes de Baleares, quienes han recurrido de forma reiterada una licitación valorada en más de 5,8 millones de euros.
El proceso administrativo, siempre de acuerdo con la denuncia de ADN Mediterráneo, única asociación de navegantes representada en la Mesa Náutica del Govern, ha seguido su curso pese a encontrarse suspendido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Prueba de ello, ha señalado la asociación, es que el pasado 5 de junio se formalizó un contrato menor para el montaje de los campos de fondeo de la bahía de Fornells e Illa d'en Colom, instalaciones incluidas en la licitación actualmente suspendida.
Para la entidad, esta actuación podría constituir un fraccionamiento artificial de contratos con el objetivo de eludir los procedimientos ordinarios de contratación pública.
A ello se suma la reciente aprobación de una prórroga extraordinaria de más de 314.000 euros para mantener la explotación de ocho campos de boyas, una decisión cuya legalidad también ha sido cuestionada por la asociación.
CONFLICTO CON LA CONSELLERIA
ADN Mediterráno ha remarcado que esta actuación judicial se produce en el contexto de conflicto que esta asociación mantiene con la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua por el modelo de ordenación y gestión de los campos de boyas.
A su entender, impedir el fondeo sobre la posidonia es "plenamente compatible" con el mantenimiento del fondeo libre y gratuito sobre fondos de arena.
La asociación ha criticado que los proyectos proyectos "no se limitan a proteger las praderas de posidonia, sino que sitúan campos de boyas precisamente en zonas de arena que tradicionalmente habían sido utilizadas por los navegantes para fondear libremente y sin coste".
Así, para la entidad, los espacios aptos para el fondeo responsable desaparecen en la práctica al quedar ocupados por instalaciones reguladas y de pago.
