Sin embargo, Aragón no tiene competencias para regular uno de los actuales problemas: el juego online. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha explicado que cuando se apruebe esta ley, los locales de juego deberán identificar a los clientes con su DNI para comprobar que no son menores o si están incluidos en el registro de personas que renuncian a jugar. La prioridad es evitar la ludopatía entre los jóvenes. De hecho, un 25% de los aragoneses, de entre 14 y 18 años, ha jugado con dinero en el último año. Por eso, fijan esa distancia mínima de 300 metros de los locales a centros educativos.
Sector juego
La Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón lamenta que esta ley no regule el juego online ni el del sector público, y advierte de que las nuevas exigencias podrían suponer el cierre de decenas de establecimientos y la pérdida de hasta 2.000 empleos. Además, creen que la obligación de alejar los locales de los centros educativos, en la práctica supone que no podrán abrirse nuevos negocios en toda la ciudad de Zaragoza.
El presidente del colectivo, José Antonio Rubio, considera inviable renovar todas las máquinas para facilitar el acceso remoto de la Administración, ya que eso obligaría a cada empresario a invertir unos 200.000 euros. Por otro lado, está de acuerdo en controlar las entradas, pero con tecnología en lugar de personal.
