Desde la educación concertada, aseguran que la ley, además de eliminar el castellano como lengua vehicular, plantea la posibilidad de que los centros de educación especial desaparezcan en 10 años y no respeta el derecho de elección de centro de las familias.
Lo consideran un atentado muy grave y sin precedentes contra la libertad, y critican que, a pesar a la importancia de la regulación, no se ha contado con toda la comunidad educativa ni se ha intentado siquiera plantear un Pacto de Estado con unanimidad política. La plataforma Más Plurales se movilizará este fin de semana para denunciar esta situación.
