Más de 70 alcaldes de toda la provincia han asistido esta mañana en la DPH a un encuentro organizado por la Diputación Provincial de Huesca y la Delegación del Gobierno en Aragón con el objetivo de dar a conocer el proceso de solicitud para la instalación de videocámaras en los términos municipales.
En los últimos meses varios alcaldes han manifestado sentirse desprotegidos, por la avalancha de robos en el medio rural y a la que las fuerzas de seguridad no siempre llegan a dar respuesta. Urge la instalación de cámaras, pero los trámites administrativos desde la subdelegación del Gobierno pueden alargarse hasta dos años. Por eso piden soluciones. Julio Sampériz, alcalde de Lalueza, explicaba que en su caso todavía no tienen cámaras instaladas pero que les gustaría contar con al menos nueve, una por cada entrada al municipio. Además, cree que en este tema es importante recibir el asesoramiento de la Guardia Civil
Además de los robos, preocupan también los casos de vandalismo. Jesús Solano, alcalde de La Fueva, expresaba su temor por el vandalismo que sufre zonas alejadas como el castillo de Muro de Roda, mientras que la alcaldesa de Biescas, Nuria Pargada, reclama la colocación de cámaras en la zona deportiva y en el centro del pueblo para un mayor control de estos incidentes.
En la provincia de Huesca, son ya 16 las localidades que cuentan con un sistema de videovigilancia autorizado y cinco se encuentran en trámite tras haberlas solicitado. El alcalde de Sariñena, Juan Miguel Escalzo, cree que con la instalación de cámaras los robos han descendido.
Por su parte, el delegado del Gobierno Fernando Beltrán, señalaba que cada vez más alcaldes y municipios muestran su interés por este tema debido a que hay una relación directa entre la instalación de cámaras y la reducción de la criminalidad.
En la jornada de este martes el presidente de la Diputación Provincial Isaac Claver ha indicado que el objetivo es trazar un Plan de Seguridad Territorial que abarcará la asistencia técnica a los Ayuntamientos y que además se va a dotar a los municipios de menos de mil habitantes de una ayuda económica para la compra de esos equipos de videovigilancia.
La tramitación de las solicitudes para implantar sistemas de videovigilancia se realiza a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, mientras que la autorización es competencia de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia en Aragón. Esta Comisión está presidida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y la conforman la Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, un Abogado del Estado, el Secretario General y la Jefa de Derechos Ciudadanos de la Delegación del Gobierno en Aragón y un representante de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias
