Afecta, según la investigación puesta en marcha por la UDEF a las provincias de Almería, Cádiz y Málaga. El objetivo esta vez son sobre todo las empresas que cobraron de la Junta para hacer cursos de formación para parados que luego no hicieron.
Son 7 los años que se están analizando. En ese tiempo el gobierno andaluz destinó unos 3 mil millones de euros para esos programas de formación para desempleados. De ellos, existe la sospecha de que un 1 o 1.5% fueron fraudulentos. El porcentaje puede parecer pequeño, pero el dinero es mucho, entre 30 o 40 millones de euros que se han robado de las arcas públicas.
Además de los empresarios, hay políticos: Una exalcaldesa socialista de Jerez y un concejal en ejercicio de Roquetas, que ya ha dicho que entregará su acta y devolverá su carné. La Presidenta, Susana Díaz, ha pedido que “crujan” a cualquiera que haya defraudado.
Hoy por hoy, los crujidos son los ciudadanos, que siguen desayunando latrocinio e impunidad.
