Santiago Abascal ha encabezado el equipo jurídico de Vox que, en vísperas de la investidura de Sánchez, se ha desplazado hasta el Supremo para solicitar la suspensión cautelar de la sesión de investidura.
La petición la ha acompañado con la presentación en el Alto Tribunal de una querella contra el presidente en funciones por la presunta comisión de cuatro delitos tipificados en el código penal: cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del poder judicial y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.
La querella, además, se hace extensible a Carles Puigdemont y, en relación al cohecho, estiman que hay responsabilidad penal tanto del PSOE como de Junts.
Batallas paralelas
Vox anuncia igualmente que ampliará su ofensiva judicial contra La Ley de Amnistía y quienes faciliten su recorrido legislativo. Explicaba Abascal que su partido se querellará también contra los miembros de la Mesa del Congreso en el momento en que califiquen la proposición de ley y en un futuro harán lo propio contra la mesa del Senado si proceden a la tramitación del texto.
En este particular, ayer ya avisaba al Partido Popular subrayando que la formación liderada por Feijóo -con mayoría absoluta en el Senado y en la mesa de la Cámara Alta- tiene capacidad para detener la ley para que ni siquiera sea debatida.
