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JUICIO DEL PROCÉS

Turull abre una semana de interrogatorios a los exconsellers

El Tribunal Supremo reanuda este martes el juicio del 'procés' con el interrogatorio del exconseller de Presidencia Jordi Turull, que abrirá una ronda de declaraciones de exmiembros del ejecutivo de Carles Puigdemont, entre ellos el titular de Exteriores Raül Romeva, y el de Territori Josep Rull.

ondacero.es | Madrid | 19/02/2019

Los procesados en el juicio del 'procés', Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez

Los procesados en el juicio del 'procés', Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez / EFE

La vista se inicia a las diez de la mañana con la declaración de Jordi Turull, quien, a diferencia del dirigente de ERC Oriol Junqueras, tiene previsto contestar a todas las partes, incluida la Fiscalía, con la única excepción de la acusación popular ejercida por VOX, según fuentes de su defensa.

Turull, del PDeCAT, afronta una petición fiscal de 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación -la Abogacía del Estado le pide 11 y medio por sedición y malversación-, por su papel clave en el procés como titular de la consellería de Presidencia, que según las acusaciones organizó la publicidad del 1-O y la logística de la votación a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

El exconseller de Presidencia -uno de los hombres fuertes del Govern de Puigdemont- se sometió sin éxito el pasado mes de marzo a una votación de investidura como presidente de la Generalitat, a propuesta de JxCAT, la víspera de ingresar en prisión preventiva por segunda vez por orden del juez Pablo Llarena, cuando lo procesó por un delito de rebelión.

Después de Turull, está previsto el interrogatorio de Raül Romeva, exconseller de Exteriores que también afronta 16 años de cárcel y que comparte la misma defensa que Oriol Junqueras, por lo que es probable que siga su estrategia de negarse a responder a la Fiscalía y al resto de acusaciones del caso.

A Romeva el ministerio público le acusa de rebelión agravada con malversación por liderar supuestamente la campaña exterior del Govern para legitimar el "procés" internacionalmente, mediante el Diplocat -que la Fiscalía considera un "lobby" para difundir el mensaje independentista en el extranjero- y las delegaciones catalanas en el exterior.

Posteriormente, el tribunal tiene previsto el interrogatorio de Josep Rull, exconseller de Territorio al que la Fiscalía pide 16 años de cárcel por alentar a los ciudadanos a votar el 1-O e impedir que un barco que llevaba a Cataluña a policías destinados a evitar el referéndum pudiera atracar en el puerto de Palamós (Girona).

Rull, como Turull y también el diputado de JxCAT y expresidente de la ANC Jordi Sànchez tienen de abogado a Jordi Pina, por lo que, en una estrategia de defensa compartida, los tres tienen previsto contestar al interrogatorio de la Fiscalía.

Según el calendario programado, Dolors Bassa, de ERC, declarará después de Turull y cerrará la ronda de interrogatorios a los exconsellers que permanecen en prisión preventiva acusados de rebelión agravada con malversación. La exconsellera de Trabajo afronta 16 años de cárcel, acusada de participar en la organización del 1-O mediante la creación de una base de voluntarios para la consulta y ocultando gastos del referéndum desde acuerdos marco firmados por su Departamento.

Tras Bassa, está previsto que declaren ante el tribunal –en función del tiempo que quede disponible en los tres días de esta semana que la sala ha habilitado para el juicio del procés- los exconsellers que se encuentran en libertad, acusados de los delitos de malversación y desobediencia: el de Justicia Carles Mundó, la de Gobernación Meritxell Borràs y el de Empresa Santi Vila.

Concluidos los interrogatorios a los miembros del Govern de Carles Puigdemont, declararán ante la sala, probablemente ya la semana próxima, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, así como Jordi Sànchez -expresidente de la ANC y actual diputado de JxCAT- y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Los tres, en prisión preventiva, están acusados de los delitos de rebelión con malversación agravada, por lo que la Fiscalía les pide penas de 17 años de prisión.