Los jueces conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ponen pie en pared contra la amnistía de Pedro Sánchez. En un duro comunicado firmado por ocho de sus diez vocales: Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona Vergara, piden un pleno extraordinario para debatir y en su caso denunciar, la futura ley de amnistía que a juicio de los firmantes confunde el "interés de España" con el interés del presidente del Gobierno.
La nota del CGPJ no se queda ahí y lamenta la maniobra del presidente en funciones "para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya" lo que según los vocales firmantes "es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que prepara el PSOE con sus posibles socios de investidura".
La mayoría de los jueces conservadores del Poder Judicial considera que aprobar una ley de amnistía supone "generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos" y además "impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias. Es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, nuevamente según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora".
Pero el pronunciamiento de estos magistrados va más allá y dirige su denuncia directamente al aspirante a presidente del Gobierno que pretende con dicha amnistía "conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno". Ello supone -señala el comunicado- degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de "mercadeo al servicio del interés personal".
Por último, los jueces mencionados del CGPJ recuerdan que "mal puede hablarse de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales. La enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera".
En el futuro pleno, que debe celebrarse en los próximos tres días, si acudieran todos los vocales en total serían dieciséis magistrados, diez de ellos conservadores. Dos de ellos no han firmado este comunicado -considerado según fuentes judiciales consultadas por Onda Cero- un borrador, a la espera de la redacción definitiva. Así las cosas, con la sola abstención de esos dos magistrados conservadores, la declaración saldría adelante con la mayoría suficiente.
