El PSOE y Junts han registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.
El pacto entre socialistas e independentistas catalanes también llevará a los Mossos d'Esquadra a cogestionar con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Para ello, la Policía catalana estará en frontera y actuará para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que el acuerdo del PSOE y Junts para transferir competencias en inmigración a Cataluña "se encuentra en el marco del respeto constitucional y también del respeto a las competencias que nos marcan las directivas europeas".
Críticas del PP al pacto
Ante las primeras críticas del PP, vertidas por su secretaria general, Cuca Gamarra, que ha considerado el acuerdo fuera de la Constitución, Díaz ha asegurado que "nos encontramos en el marco del artículo 150 de la Constitución, es una delegación de competencias compartida, es decir, no se altera las competencias que tiene el Estado en muchos de las materias de las que estamos hablando, tanto puertos como otros elementos". Por ello, ha dicho, "estoy segura de que cuando la señora Gamarra lo estudie con calma y con profundidad verá que es constitucional".
La cesión se haría en base al artículo 150.2 de la Constitución
La cesión se haría en base al artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas "facultades correspondientes a materia de titularidad estatal" que por su propia naturaleza "sean susceptibles de transferencia o delegación".
Con esta ley, según las partes firmantes, Cataluña "podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país" -incluida la integración lingüística- basada en "un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que es condición para la cohesión social y el progreso".
El acuerdo, firmado en Bruselas por socialistas y posconvergentes, se ha cerrado una semana después de que los de Carles Puigdemont retirasen en el Congreso la moción de confianza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Abierto a matices
No obstante, la vicepresidenta ha admitido que "como es una proposición de ley que va al Congreso, el Partido Popular puede hacer todas las matizaciones que quiera, igual que el resto de las formaciones políticas". Además, ha apuntado a que es una delegación de competencias "que aproxima una gestión que es importante en este caso a la Generalitat, que está presidida por el señor Illa". Se enmarca, ha agregado "en un espíritu autonomista, desde luego yo lo tengo, que cuanto con mayor cercanía tengamos la competencia es previsible que se gestione mejor".
