Junts ha puesto en riesgo los primeros decretos del Gobierno de coalición del PSOE y Sumar -dos de ellos de carácter económico- que deben ser convalidados para entrar en vigor y que ahora dependerían del voto del PP.
Después de que el grupo parlamentario de Junts haya avisado de que sus siete diputados votarán en contra de los decretos relativos a las medidas contra la inflación, a la Justicia y a la subida del subsidio por desempleo por existir "malestar" con los socialistas, los votos de los 136 diputados del PP se hacen más necesarios que nunca.
Y es que los 120 votos del PSOE sumados a los 26 de Sumar y a los posibles apoyos del resto de socios de investidura (ERC, Bildu, PNV, Podemos y BNG) sumarían al menos 170, al que podría unirse CC (171), frente a los 177 en contra del PP, Vox y UPN.
Pondría en peligro la aplicación de la Ley de Amnistía
Desde Junts explican que los decretos Ley 6, 7 y 8 ponen en peligro la aplicación de la amnistía, implican un recorte de competencias catalanas y agrava la infrafinanciación de la Generalitat.
El PSOE, añaden, debe acabar con lo que denominan "decretos macedonia" porque el chantaje de las medidas sociales no puede servir para seguir laminando derechos y recursos a los catalanes a través de una política de hechos consumados.
El decreto de diciembre incluye un artículo que lleva a Junts a votar en contra al considerar que pondría en peligro la aplicación de la ley de amnistía. Este artículo establece que si un juez (en cuyas manos puede estar la aplicación de la ley de amnistía) presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE se suspenderán las actuaciones hasta que ese órgano decida cómo aplicar en ese caso el derecho comunitario.
Sin embargo el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya avanzó que ese artículo no supone "ningún cambio" y que lo "único" que hace el decreto es incorporar una "jurisprudencia absolutamente pacífica" de la justicia europea y del Supremo, cumpliendo "un compromiso de España con la Comisión Europea".
El PP, clave
En este sentido, fuentes del PP han señalado que aunque todavía no han fijado la posición definitiva, el decreto vinculado a las medidas para afrontar la inflación, que incluye bonificaciones al transporte pero recoge la progresiva normalización de los impuestos energéticos, no es de su agrado.
"No hay escudo social si no se baja el IVA de los alimentos y a la vez se sube la energía a las rentas bajas", señalan fuentes del PP que avisan de que si el Gobierno no lo cambia no contará con el apoyo de los populares. Un voto en contra del PP haría caer este decreto, aunque su abstención sí lo salvaría siempre y cuando los socios de investidura lo apoyen.
El otro decreto económico que también está en el aire es el que aborda la reforma del subsidio de desempleo para elevarlo de 480 euros a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes y hacerlo compatible con el trabajo durante los primeros 180 días.
Los partidos socios del Gobierno darán previsiblemente un sí mientras que el PP lo analiza. No obstante, algunas formaciones como el PNV están analizando con detalle los tres decretos.
Lo cierto es que la norma que tiene más probabilidades de salvarse es la relativa a la administración de Justicia, el llamado "decreto ómnibus" porque también incluye medidas vinculadas a la función pública y al mecenazgo. El PP no se opuso cuando estas leyes se tramitaron en la anterior legislatura.
