El Gobierno de España, representado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, se dará cita este lunes con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para dar un paso en más en la financiación singular para Cataluña. Una negociación trascendental para la viabilidad de la legislatura, que se ha visto acelerada por los escándalos de corrupción que asolan el PSOE, y que cuenta con muchos obstáculos por salvar.
Una vez concluya el encuentro, Illa se reunirá con el consejero de Presidencia y de Economía, Albert Dalmau, en lo que será la culminación de las reuniones bilaterales entre ambas administraciones. Estos pactos vienen impulsados por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quienes hace un año dieron el 'sí' a la investidura del actual presidente a cambio de que ambas partes discutiesen el concierto.
Fuentes de la negociación han apuntado a 'Servimedia' que durante el fin de semana se han producido contactos entre ambas partes para tratar de avanzar el acuerdo que previsiblemente se rubricará este lunes, aunque reconocen que "importantes flecos sobre el control y la gestión" de la recaudación aún están por fijar, por tanto, desde ambos Ejecutivos mantienen posturas "prudentes".
Desde 'Onda Cero' ya se adelantó que el Gobierno cederá la recaudación del IRPF a la Generalitat, lo que supone que a partir de 2026 y de manera escalonada, Cataluña podrá recaudar y administrar la totalidad del dinero recaudado por el impuesto. Por si acaso, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, anunció que también presentarán una proposición de reforma legislativa en el Congreso de los Diputados. No obstante, en las negociaciones con Cataluña, y, teniendo en cuenta los compromisos que debe cumplir el Ejecutivo, siempre aparece un actor secundario, Junts, que no se fía de Sánchez y que reclama que también puedan fijar la cuota de solidaridad que aportarían a las arcas españolas.
Sin embargo, los republicanos no solo reclaman el IRPF, sino que también piden que el IVA generado por las pymes se quede directamente en las arcas catalanas. En la actualidad, la cuantía de este impuesto se reparte según el peso de cada comunidad autónoma por su capacidad económica, en el caso de Cataluña es el 19% del total. En el caso de que lograsen también este hito, pasaría a ser el 25%. Pero este parece un importante escollo por varias razones: la Hacienda catalana solo tiene 830 trabajadores, frente a los 5.000 de la Agencia Tributaria y, por otra parte, estos últimos funcionarios son muy reacios a estos traspasos, sobre todo los inspectores fiscales.
Pero no son las únicas reclamaciones, ERC también demanda que se conserve el principio de ordinalidad, es decir, que Cataluña no reciba menos dinero por habitante que otras regiones que hayan aportado menos dinero a la caja común. Esta es una de las clásicas reivindicaciones de los republicanos que aseguran que Cataluña ingresa menos de lo que aporta.
Los republicanos han sido especialmente vehementes al reclamar la celebración de las reuniones, puesto que fue uno de los compromisos que adquirió Illa para ser presidente y cuyo plazo expiraba el 30 de junio. Sin embargo, tanto el PSC como ERC acordaron darse un plazo de quince días adicionales por la deriva que estaban teniendo los escándalos de corrupción que afectaban a la matriz socialista.
Por otra parte, fuentes del Ejecutivo aseguran que la negociación de la financiación singular es de "extrema complejidad" y, por tanto, será complicado que todos los flecos se cierren el mismo lunes. Es por ello que confían en que alcanzarán un acuerdo político que incluya una la proposición de ley y que les permita ganar algo de tiempo.
De igual forma, expresan que, de llevarse a cabo, estos cambios requerirán de importantes modificaciones en el sistema por el que el Estado transfiere a las comunidades autónomas los ingresos que recauda. No obstante, según las fuentes gubernamentales, estas variaciones abren la veda para que otras comunidades puedan solicitar el cambio de ordenamiento y de esta forma atraer a los partidos regionalistas que las representan. Este es el caso de Compromís, que se opone al cupo catalán, siempre que no haya una réplica para la Comunidad Valenciana, y que tras los escándalos de los dos exsecretarios de Organización del PSOE, se habían alejado de ellos. De esta forma, volverían a contar con su apoyo para afrontar lo que resta de legislatura.
Críticas de Page y de la oposición
Por su puesto no han faltado las voces críticas con este acuerdo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha calificado este pacto como un "despropósito" y un privilegio para Cataluña que podría "romper" seriamente la Carta Magna. "La Constitución solo tendría que amparar las excepciones como pasa con el tema vasco y navarro", ha añadido, al tiempo que ha afirmado que el independentismo "quiere cargarse la Constitución".
Además, ha expresado que "levantamos la voz los que estamos afectados, pero espero que todos nos sintamos obligados", igualmente, "me duele que este planteamiento reaccionario lo plantee la izquierda, aunque para muchos también con el concepto de la izquierda se mercadea", ha asegurado.
También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado contraria con este pacto. "A mí me entristece mucho porque va a ser un pacto bilateral en el que se van a perder unos 24.800 millones de euros para la caja común, que es necesaria para compartir con aquellas Comunidades Autónomas que gastan más que ingresan", ha comentado, mientras que ha expresado que "lo que tampoco puede hacer este Gobierno, con tal de gobernar de rodillas por tener esos votos que le perpetúen en el poder, es que se perjudique al ciudadano de a pie, que son los que van a ver disminuidos sus servicios sociales, sanitarios y públicos".
Por otra parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que este Gobierno "jamás va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras comunidades autónomas". De hecho, ha manifestado que el Ejecutivo "promueve una igualdad de oportunidades para todos los territorios" y estos son libres de "profundizar en mayores competencias" o de "seguir a remolque".
