La continuidad de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado está en entredicho desde su imputación y más después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos. Entre quienes se han pronunciado sobre su permanencia destaca el abogado penalista José María de Pablo, que ha compartido su posición en la red social X: “Si aprecia el Estado de Derecho, tiene obligación moral de dimitir. Sea culpable o inocente”.
Aunque el letrado reconoce que un cargo público imputado no tiene por qué dimitir automáticamente, por al principio constitucional de presunción de inocencia, subraya que el caso de García Ortiz es distinto debido a la posición jerárquica que ostenta sobre los fiscales que deberán intervenir en el juicio.
En su mensaje, De Pablo explica las particularidades de este caso que puede llevar a un posible conflicto de intereses dentro del Ministerio Fiscal: “¿Con qué criterio jurídico podrá actuar el fiscal del caso, cuando es su superior jerárquico, de quien depende, por ejemplo, para un ascenso, quien ocupará el banquillo? [...] ¿Vamos a ver un juicio con el acusado dando órdenes al fiscal?”
Para el penalista, esta situación afecta gravemente la percepción de imparcialidad y puede distorsionar el desarrollo del proceso judicial. “¿Recibirá ese fiscal un premio o un castigo de su superior según sea su desempeño en el juicio?”, se pregunta retóricamente, dejando en evidencia lo que considera un serio riesgo para la equidad procesal.
García Ortiz será el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo. El Supremo ha avalado su procesamiento por haber filtrado presuntamente a la prensa un correo confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía dos delitos fiscales. A pesar de que la investigación judicial avanza, el Gobierno ha mantenido su respaldo. El presidente Pedro Sánchez ha reiterado que “cree en su inocencia” y le ha ratificado su confianza.
Sin embargo, para juristas como De Pablo, la cuestión no reside en la culpabilidad o inocencia, sino en el respeto institucional: “Si no dimite, demostrará muy poco respeto por la Fiscalía como institución, por sus subordinados, y por la administración de justicia en general”.
