El Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de cárcel al exministro de Transporte, José Luis Ábalos, a 19 años de prisión a su exasesor, Koldo García, y a Víctor de Aldama a cuatro años y medio, pero no los va a cumplir por su colaboración con la Justicia, clave para el descubrimiento de los delitos.
Unas penas que han provocado las críticas de la oposición, quienes han pedido la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones. Ante esto, desde el PSOE han señalado que en su partido hay "tolerancia cero con la corrupción", la diferencia "fundamental" con respecto al PP, al que han criticado por seguir "en una sede en la que había caja B, sobresueldos en dinero negro y una trama de corrupción que acabó con condenas judiciales históricas".
Esto último hace referencia al caso Gürtel, en concreto la primera época, en concreto, entre 1999 y 2005, que acabó con 29 acusados y penas muy elevadas, ya que se castigaron por separado los delitos de fraude y malversación. La sentencia, de 1.843 folios y dictada por unanimidad, fijó lo siguiente:
Hasta 51 años de prisión para el 'capo'
Francisco Correa, el 'capo de la Gürtel', fue condenado a 51 años por el Tribunal Supremo, una pena similar a la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, que la fijó dos años antes en 51 años y 11 meses. Por su parte, Guillermo Ortega, el exalcalde del PP de Murcia, fue condenado a 40 años y tres meses, dos años más de los que indicaba la Audiencia Nacional.
Otra condena llamativa fue la de Pablo Crespo, el número 2 de la trama, que fue condenado a 36 años y 8 meses, y Luis Bárcenas, el tesorero del PP, a 29 años y 1 mes -aunque la Audiencia Nacional pidió 33-. Una pena similar se llevó Alberto López Viejo, el exconsejero de la Comunidad de Madrid, condenado a 27 años y 10 meses.
Otros implicados también fueron condenados a penas abultadas, aunque no tanto en comparación a los ya mencionados. Tanto Carmen Rodríguez Quijano, la exmujer de Francisco Correa, como Juan José Moreno, exconcejal de Majadahonda, fueron condenados a 17 años.
Así funcionaban
La sentencia explica que el "Grupo Correa" y varios cargos del PP colaboraron de forma habitual en tareas normales del partido, como organizar viajes, eventos y congresos. Pero detrás de esa fachada legal montaron un sistema de corrupción. Gracias a su relación con políticos influyentes que controlaban contratos públicos (en comunidades autónomas y ayuntamientos del PP), las empresas de Correa y otras elegidas por él conseguían un trato de favor y controlaban en la práctica esos contratos.
Todo esto se disfrazaba con trámites que parecían legales, pero que en realidad saltaban las normas de contratación pública. Para lograrlo, sobornaron a funcionarios y cargos públicos, falsificaron facturas y crearon una red de empresas para acceder a los contratos y para esconder el origen ilegal del dinero hasta lograr "blanquearlo" y meterlo en el circuito legal, sin declararlo a Hacienda.
En el 'caso mascarillas', la sentencia atribuye a Ábalos, Koldo y Aldama los delitos de organización criminal, cohecho, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Las penas del Supremo coinciden, en su mayoría, con lo que pedía la Fiscalía Anticorrupción.
