El rescate de Plus Ultra se remonta al 9 de marzo de 2021, cuando el Gobierno aprobó la ayuda pública a la aerolínea. Más de cinco años después, la trama vuelve a salpicar al Ejecutivo y más en concreto a José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por presunto delito de tráfico de influencias que habría rodeado a una trama que comenzó mucho antes.
Concretamente, el 12 de marzo de 2020, día en el que la investigación ubica el comienzo de todo. Aquel día, el Gobierno adoptaba las primeras medidas ante el impacto de la pandemia del coronavirus, y solo diez días después ya hay conversaciones entre el exdirectivo de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, con el abogado Miguel Palomero. Reyes mostraba entonces su necesidad de "llegar a las ayudas" y preguntaba "dónde tocar puertas", mencionando a José Luis Ábalos y posteriormente al propio Zapatero: "Vayan recorriendo la ruta formal y yo busco cómo llegar a Zapatero".
"Acaba de hacerse el puente con ZP", señalaba Reyes el 28 de abril de 2020, mientras que en mayo, Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, llamaba "lacayo" a Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero. El mismo mes, Roselli envía una carta al vicepresidente del Banco Santander y señala que "siguiendo instrucciones del presidente" se solicita un crédito ICO para la compañía. Durante el verano en el que transcurría la pandemia, llamaban "pana" a Zapatero para referirse a que el expresidente estaba "detrás" de lograr la ayuda.
Así fue el rescate de Plus Ultra: una operación cuestionada a una empresa "estratégica"
Siguieron meses de la presentación formal de petición de rescate a la SEPI mientras la presunta trama preparaba reuniones y encuentros para avanzar dicha ayuda. Entretanto, también se producen contratos de consultoría con una empresa de Martínez Martínez tras una sociedad off shore en Dubái, por lo que el magistrado sostiene que puede haber desvío de la comisión del rescate hacia el extranjero.
El 9 de marzo de 2021, se produce finalmente la luz verde al rescate por 53 millones de euros y con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. La operación fue cuestionada desde su inicio al considerar a la aerolínea como "estratégica" para nuestro país, a pesar de que en ese momento solo operaba un avión y tenía una cuota de actividad residual. Cabe recordar que en 2019, por ejemplo, solo realizó 823 vuelos en total, el 0,03% de las operaciones de Aena.
La aerolínea concentraba especialmente rutas de conexión entre España y Venezuela, sirviéndole para convertirse en la segunda compañía del sector en recibir los fondos para su rescate después de Air Europa. Las atribuciones del Gobierno y la operación levantaron ampollas desde su ejecución, cuestionada de manera mediática y también por la Justicia, que llegó incluso a a paralizar el pago del segundo tramo de la ayuda, 34 millones de euros pendientes.
La SEPI defendió entonces la legalidad del rescate a través del envío de informes a Deloitte y a la Abogacía del Estado, y se logró meses después que la jueza levantase dicha suspensión y autorizara el desembolso del montante pendiente.
Tanto el Gobierno como los ministros de los Ministerios implicados en el rescate no supieron responder con exactitud las preguntas que planteó dicho rescate, como por qué se consideró estratégica la aerolínea con las condiciones mencionadas anteriormente, ni por qué se priorizó su rescate antes que otras compañías en estado delicado por la crisis del coronavirus.
Cronología posterior del caso: movimientos bancarios, vaivenes judiciales y la imputación de Zapatero
Con el paso del tiempo, la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales de Suiza advierte de movimientos bancarios sospechosos, llevando a que en 2022 la jueza Collazos impute a Plus Ultra. La causa quedó archivada en 2023 por errores procesales, aunque posteriormente, en 2024, la Fiscalía Anticorrupción presenta una denuncia en la Audiencia Nacional después de recibir peticiones para cooperar en sendas investigaciones nuevas abiertas por parte de las autoridades de Francia y Suiza que tienen que ver con blanqueo de capitales venezolanos.
Tras una serie de recursos, la causa acaba en el Juzgado Número 15 de Madrid, que abre una pieza separada que propicia la investigación de la UDEF y posteriores detenciones de Julio Martínez Martínez, de Julio Martínez Sola (el entonces presidente de Plus Ultra) y de Roberto Roselli, entre otros. Las detenciones se producen en diciembre de 2025, para que en marzo asuma la casa la Audiencia Nacional y el juez José Luis Calama.
Por último, este 19 de mayo saltaba la noticia que abría todos los medios en España: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, abriendo la puerta a delitos conexos como organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el auto se considera a Zapatero como posible "líder" de la presunta trama al ser "beneficiario final" él y su propio entorno.
