INFORME MUY CRÍTICO CON LA LEY

El CGPJ rechaza por unanimidad los aspectos clave de la ley del 'solo sí es sí' de Irene Montero

Revés unánime del Consejo General del Poder Judicial contra la ley del 'solo sí es sí'. El órgano de jueces ha emitido un informe crítico con la norma y el Ministerio de Igualdad ha afirmado que seguirá adelante con sus planes.

ondacero.es

Madrid | 25.02.2021 17:58

Irene Montero vuelve a pedir una baja por maternidad de 6 meses en la semana previa al 8M
Irene Montero vuelve a pedir una baja por maternidad de 6 meses en la semana previa al 8M | Efe

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado por unanimidad los aspectos clave de la ley del "sólo sí es sí", la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación, si bien Igualdad ha anunciado que seguirá adelante con el anteproyecto.

El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este jueves su informe sobre el anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, un dictamen crítico -pero no vinculante- que llega tras cuatro meses de deliberaciones y que se opone al núcleo de la norma.

A pesar de este revés, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reiterado que la norma seguirá adelante: "Sólo sí es sí. Será ley", ha escrito en Twitter.

¿Qué dice la ley del 'solo sí es sí'?

A las puertas de su renovación, el pleno del CGPJ ha respaldado la propuesta sobre la ley de libertad sexual elaborada por los magistrados Roser Bach, Pilar Sepúlveda y José Manuel Fernández (encuadradas las dos primeras en el considerado sector progresista y el tercero, en el conservador).

El dictamen estima que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima de delitos sexuales puede comportar una "inversión de la carga de la prueba".

El anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Montero indica que "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto".

El problema, alerta el CGPJ, no es conceptual, sino de prueba: "Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia".

Además, a su juicio, no se evitará con esa definición la denominada "victimización secundaria", ya que los interrogatorios girarán sobre el modo en que la víctima suele prestar su consentimiento sexual, para determinar que en el caso en cuestión lo hubo.

Eliminación de la distinción entre abuso y violación

El segundo aspecto clave de la ley, la eliminación de la distinción entre abuso y violación -que está en el origen de la norma tras las protestas por las primeras sentencias de La Manada- tampoco ha sido vista con buenos ojos por los jueces.

En el anteproyecto se opta también por eliminar el delito de abuso sexual y crear una categoría única de agresión sexual para evitar que fuera considerada abuso una violación en la que no se lograra probar la existencia de violencia o intimidación.

Pero el CGPJ cree que eliminar el delito de abuso sexual puede perjudicar a la víctima y derivar en desprotección, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos más graves. Para evitarlo, proponen crear una modalidad agravada de agresión, con violencia o amenazas, en la que se imponga la pena en su mitad superior.

La unanimidad de los vocales tan sólo se ha roto en lo relativo a la especialización en materia de violencia sexual de los órganos judiciales: frente a una mayoría contraria, la vocal Pilar Sepúlveda ha formulado un voto particular favorable a esta especialización jurisdiccional.

Igualdad no cambia sus planes pese al revés del CGPJ

A pesar de este dictamen desfavorable, Igualdad no modifica sus planes y espera tener lista la norma en un mes y medio, unos plazos que frustran el deseo de Montero de que el proyecto fuera aprobado cerca del 8 de marzo, Día de la Mujer.

"Si el informe del CGPJ va en sentido regresivo, como pasó con los de la ley contra la violencia de género y el matrimonio igualitario, la obligación del Gobierno y de los proponentes de la ley -los ministerios de Igualdad y Justicia- es seguir adelante", ha destacado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Rosell ha recordado que la legislación internacional -el Convenio de Estambul y la CEDAW- exige que la tipificación de los delitos sexuales se haga en función de la existencia de un consentimiento expreso y no de los medios de comisión del delito -con violencia o intimidación-.

Se trata, ha dicho Rosell, de pasar de una concepción patriarcal del derecho penal sobre la libertad sexual, "que significa que un hombre tiene derecho a usar el cuerpo de la mujer hasta que esta dice que no", a un sistema basado en el consentimiento libre, consensuado y mutuo.

Críticas de Podemos al Poder Judicial

La delegada, que ha pedido prudencia puesto que el Ministerio aún no ha recibido el informe del CGPJ, ha criticado que este órgano se haya pronunciado sobre la ley del sólo sí es sí de una forma similar a como lo hizo en 2004 sobre la ley contra la violencia de género y también que se haya demorado tres meses en emitir el informe.

En aquel momento, el dictamen sobre la ley 1/2004 dividió totalmente al órgano de gobierno de los jueces y sólo salió adelante con un voto de diferencia: 10 vocales a favor y 9 en contra, frente a la unanimidad alcanzada hoy.

Desde Unidas Podemos han lamentado que el CGPJ se sitúe de nuevo "y como ha hecho en repetidas ocasiones" del lado de quienes "cortan el paso a las mujeres": "Ellos verán", han indicado fuentes del grupo parlamentario.

Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido "humildad" para adaptar al marco jurídico los textos en los que se detectan "deficiencias jurídicas": "Eso es la normalidad democrática", ha subrayado.

Una vez emitidos los informes preceptivos del CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo Económico y Social, el anteproyecto de ley de libertad sexual debe ser evaluado asimismo por el Consejo de Estado antes de volver al Consejo de Ministros, último paso antes de llegar al Parlamento en forma de proyecto de ley.

Queda la incógnita, aún no aclarada por Igualdad, de si el Ministerio introducirá algún cambio en el texto antes de enviarlo al Consejo de Estado.