El ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha explicado este miércoles en un programa Mañaneros de Televisión Española cuáles son la razones por las que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, no debe dimitir pese a que el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, haya abierto un auto de procedimiento abreviado contra él debido a su supuesta participación en la filtración de correos personales del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, González Amador.
En primer lugar, Garzón ha explicado que la ley blinda la figura del fiscal general del Estado respecto al Gobierno, que no tiene la capacidad de cesarlo, y también lo blinda del poder judicial, ya que, como ha indicado, la normativa establece que cualquier juez o fiscal queda suspendido de sus funciones cuando se le abre un juicio oral (procedimiento que aún no se ha abierto, pero al que se encamina García Ortíz) excepto el fiscal general.
Seguidamente, ha cargado contra el propio procedimiento judicial. "En 34 años como juez de instrucción no he visto un auto tan deficitario de elementos probatorios como este", ha afirmado. Garzón ha asegurado que el auto solo contiene valoraciones pretenciosas y presunciones, "y las presunciones están prohibidas en el derecho penal" ha asegurado.
"En 34 años como juez de instrucción no he visto un auto tan deficitario de elementos probatorios como este"
Según el magistrado, es necesario indicar por qué o cómo se ha dado esas presuntas órdenes del Gobierno que seguía el fiscal general a la hora de filtrar ese correo, como sugiere el auto del juez, de manera sin mostrar indicios con base real.
Futura querella contra Pedro Sánchez
Por último, el exmagistrado ha señalado que si no se ha presentado ya, estará a punto de presentarse una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, basada en este auto de trasformación del procedimiento abreviado. De producirse este hecho, Garzón afirma que estaríamos ante el ejemplo más clásico de 'lawfare'.
Baltasar Garzón fue inhabilitado para ejercer como juez durante 11 años debido a una condena del Tribunal Supremo del año 2012 por autorizar escuchas ilegales en la instrucción del caso Gürtel. Algunos organismos internacionales como la ONU sentenciaron que este procedimiento contra él fue arbitrario y solicitó "una reparación efectiva" que no se dio. En el presente, pese a que el periodo de suspensión ya ha caducado, Garzón no ha vuelto a ejercer como magistrado.
