El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a un posible procesamiento penal por un delito especialmente grave: la revelación de secretos, según lo establece el artículo 417.2 del Código Penal. La imputación surge a raíz de la supuesta filtración de datos confidenciales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y apunta directamente a una actuación presuntamente impulsada desde el entorno de Moncloa.
El artículo 417.2 del Código Penal dice lo siguiente:
Si se tratare de secretos o informaciones relativas a un particular, la autoridad o funcionario incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años
El Tribunal Supremo ya ha señalado que existen "indicios suficientes" para atribuir a García Ortiz la filtración de información personal obtenida por razón de su cargo. En concreto, el juez instructor del caso, Ángel Hurtado, considera que los hechos pueden encajar en el artículo 417 del Código Penal, que castiga con penas de hasta tres años de prisión a los funcionarios públicos que revelen información reservada. Y más concretamente, el apartado segundo del artículo, que contempla penas de entre dos y cuatro años si la información afecta a un particular, es el que empieza a ganar fuerza entre las acusaciones populares.
Complejidad jurídica
El caso ha ido ganando complejidad jurídica. Aunque el magistrado instructor no ha encontrado indicios suficientes de otros delitos como la prevaricación, que conllevaría únicamente inhabilitación, algunas acusaciones, como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), insisten en mantener ese cargo en sus escritos. Otras, como Manos Limpias, también estudian imputaciones alternativas, incluyendo infidelidad en la custodia de documentos o incluso apropiación indebida, por supuestamente no haber devuelto un teléfono móvil usado durante el periodo de la presunta filtración.
¿Qué va a pasar?
La continuidad de García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado ahora mismo es un interrogante. Porque además, el caso no solo compromete su posición institucional, sino que plantea una crisis política de primer nivel al salpicar directamente a la Moncloa.
Los próximos días serán decisivos para determinar el futuro judicial y político del fiscal general. Lo que ya es seguro es que, si prospera la acusación por el artículo 417.2, García Ortiz podría enfrentarse a una condena de cárcel sin precedentes para un alto cargo de su rango.
