El Gobierno ha enviado este sábado a la Comisión Europea (CE) el Plan Presupuestario con un escenario alternativo, con una previsión de recaudación mayor que da unos 10.000 millones de margen adicional anuales de gasto para prorrogar medidas ante el impacto de la guerra de Ucrania en los precios.
Según un comunicado del Ministerio de Hacienda, junto al escenario que recoge las medidas de ingresos y gastos que contienen las cuentas públicas en el momento de elaboración de los Presupuestos de 2023, se plantea otro con una recaudación mayor que "dará margen para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime conveniente".
Primer escenario
En cifras, el Plan Presupuestario de 2023 recoge en el primer escenario que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrán un 42,3% del producto interior bruto (PIB), con 587.609 millones de euros en términos de contabilidad nacional. Por el lado de los gastos, contempla para el total de Administraciones Públicas un peso del 47,1% sobre el PIB en 2022 y del 46,2% para 2023.
En este escenario, ya se recoge un impacto de 10.000 millones por las medidas adoptadas hasta la fecha para combatir las consecuencias de la guerra y de la crisis energética.
Segundo escenario
El segundo escenario contempla un punto de partida de ingresos en 2022 "mejor de lo esperado, en base a los buenos resultados de la liquidación del IRPF y del Impuesto de Sociedades por el dinamismo del empleo y el sólido crecimiento económico". Así, los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrían un 43% del PIB, ascendiendo a 597.265 millones de euros en términos de contabilidad nacional.
En el caso de la partida de impuestos, pasan de los 344.627 millones en el primer escenario a los 354.283 millones, 9.656 millones adicionales. "Se prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética", recoge el documento.
En este segundo escenario los gastos alcanzarán para el total de Administraciones Públicas un peso del 47,9% del PIB en 2022 y del 46,9% para 2023. En cualquier caso, Haciendo subraya en la nota que el plan refleja "el compromiso del Gobierno con el saneamiento de las cuentas públicas", y añade que la previsión de déficit de 2023 se sitúa en el 3,9%, lo que supone una reducción frente al 5% de 2022.
Para paliar los efectos de la guerra de Ucrania y la escalada de la inflación, el Gobierno ha tomado diversas medidas como la rebaja del IVA de la electricidad y el gas, la bonificación de 20 céntimos en los carburantes o la subida del 15% en pensiones mínimas e ingreso mínimo y que estarán en vigor hasta final de año cuando se evaluará su extensión.
Empleo sumergido aflorado gracias a los ERTE
El Gobierno además calcula que durante la pandemia han salido de la economía sumergida unos 285.000 trabajadores, gracias a medidas como los ERTE o la prestación extraordinaria para autónomos. Son 285.000 afiliados a la Seguridad Social que han sido aflorados, de los que 250.000 son asalariados y 35.000 autónomos.
"La puesta en marcha de una política de protección de rentas de una amplitud y dimensión sin precedentes ha generado un incentivo positivo para el afloramiento de la actividad económica sumergida, llevando a un mejor funcionamiento del mercado de trabajo y a una mejora del déficit público estructural", señala el Gobierno en el plan presupuestario.
"En efecto, las medidas aprobadas durante la crisis de la covid, en particular los ERTE y la prestación extraordinaria para los trabajadores autónomos, además del Ingreso Mínimo Vital, no solo han promovido una mayor seguridad en el mercado laboral, sino que están favoreciendo el afloramiento de trabajadores que se encontraban en la economía sumergida", precisa el texto.
Mejora para el PIB
El Gobierno explica que si se toma como referencia histórica la relación entre la ocupación EPA, que recoge parte del empleo en la economía sumergida a través de su encuesta, frente a la afiliación del Régimen General, se observa una relación estable desde 2009, cuando ambas series tienden a converger, pero "esta convergencia se acelera abruptamente con la llega de la covid".
El plan también añade que las reformas estructurales tendrán un impacto positivo en las cuentas públicas de unos 0,5 puntos de PIB, gracias a la reducción del desempleo estructural de 510.000 trabajadores.
Hacienda estima que el aumento de la ocupación estructural, así como el afloramiento de empleo procedente de la economía sumergida en la afiliación, habrían provocado una mejora del saldo estructural de 0,7 puntos PIB. Concretamente, las reformas del plan de recuperación, destinadas a reducir el paro estructural, habrían contribuido en 0,5 puntos y en 0,2 puntos el afloramiento de afiliados.
