El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y lo remitirá a las Cortes para su tramitación por vía de urgencia en 2023 para cumplir así con uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Así lo ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La movilidad como derecho
Por primera vez, la Ley de Movilidad Sostenible reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. La movilidad deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas.
La ley trata de dar alternativas atractivas al vehículo privado tanto en el ámbito urbano como en el conjunto del territorio, y facilita la provisión de soluciones de movilidad flexibles, que podrán consistir tanto en los servicios de transporte tradicionales como en nuevos servicios de movilidad, como sistemas a la demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o servicios de movilidad compartida.
La movilidad deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas
También se busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones que se regulan en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y se abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones.
Incentivar y promover las soluciones de movilidad más sostenibles
La nueva Ley establece la obligación que las Administraciones velen por incentivar y promover las soluciones de movilidad más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. Se trata de avanzar en la transformación "de la ciudad de los coches" a la "ciudad de las personas".
Otras reformas introducidas por la nueva Ley
- Se establecen mayores exigencias en la planificación de los transportes y la movilidad
A nivel estatal se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad, y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados.
También se establece que los planes de movilidad urbana sostenible deben contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos, medida largamente demandada por el sector para facilitar el transporte y la logística de última milla entre núcleos urbanos colindantes.
- Se promueve el establecimiento de caminos y entornos escolares seguros, saludables y sostenibles, que permitan a niños y niñas efectuar sus desplazamientos cotidianos de forma activa y autónoma.
- Se introduce la obligación de que las empresas de más de 500 trabajadores, o 250 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo
Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Las empresas pueden optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.
La Ley afecta a uno de los sectores 'más importantes' del país"
La titular de Transportes destaca la importancia de la ley y recuerda que afecta a uno de los sectores "más importantes" del país, ya que de él dependen más de 800.000 empleos y el 4,5% PIB, y supone el 13% del gasto total de los hogares.
La norma regulará soluciones como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura, operadores públicos y privados.
La ministra defiende que esta ley es "necesaria" y "pretende constituir el pilar normativo sobre el que se asienta la política de movilidad" para "conseguir una movilidad más limpia saludable y que sea entendida como un derecho social".
En cualquier caso, según los expertos consultados por Onda Cero, esta medida no entrará en vigor como mínimo hasta verano de 2023.
