El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, ha asegurado en una entrevista en La Brújula que, si su partido gana las elecciones y puede gobernar España durante los próximos cuatro años, venderá las acciones que el Estado tiene en Caixabank y que adquirió en 2012 con el rescate a Bankia, hoy integrado en esa banca.
"¿Tiene sentido que el Gobierno esté en un banco? ¿Aportamos un valor añadido a la banca? Yo creo que no. Ahora tenemos una participación importante, tenemos que valorar cómo hacer la salida de forma ordenada para no perjudicarla", afirmó Bravo, al tiempo que aseguró que "todo aquello que no responda a una función de carácter público es invadir empresas".
La ley obliga a vender la participación total en diciembre de 2027
El Estado en estos momentos tiene una participación del 18% valorada, aproximadamente, en más de 15.000 millones, dado que la entidad llegó en verano a máximos históricos. Esta participación data del rescate a Bankia en 2012 y el Estado la ejecuta a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Cuando Caja Madrid se fusionó con Caixabank en 2021, el FROB se convirtió en el segundo accionista de la entidad.
Actualmente, la ley obliga al Estado a vender estas acciones en diciembre de 2027. Si bien, es un plazo que se ha retrasado en cuatro ocasiones -2016, 2018, 2021 y 2025- y podría volver a hacerse para lograr mayores beneficios. Durante el Gobierno de Rajoy, ya hubo dos ventas de mercado, una en 2014, por la que se vendió un 7% por valor de 818 millones, y otra en 2017, de un 7,5% por 1.305 millones. El Estado también ha recuperado ese dinero gracias a los dividendos generados por la propia entidad.
Qué supondría una venta de la participación
¿Qué pasa si el Estado vende su participación en CaixaBank? Supondría la salida definitiva del sector público en la entidad, es decir, su completa privatización. Con esta venta, el Estado podría obtener ingresos relevantes que podrían destinarse a reducir la deuda pública o destinarse a diferentes partidas presupuestarias.
Sin embargo, tal y como dijo Juan Bravo, no se puede poner ese 18% de golpe a la venta, sino que "hay que valorar cómo hacer esa salida de manera adecuada para no perjudicar". Si saca al mercado todo de golpe podría presionar a la baja el precio de las acciones, porque los inversores suelen exigir un descuento cuando la operación implica una oferta masiva de títulos.
Cabe recordar que el Estado invirtió 22.000 millones para rescatar Caja Madrid y, actualmente, ha recuperado 5.616 millones y el FROB cree que se pueden recuperar 15.467 millones más.

