El ministro de Cultura pide a la Audiencia Nacional la intervención de la SGAE

El ministro José Guirao, según el comunicado de Cultura, solicitó el pasado viernes ala Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a través de la Abogacía General del Estado, autorización para intervenir por un plazo de seis meses la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

La medida, según Cultura, se adopta conforme al artículo 192.9 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), en el marco del procedimiento de revocación de la autorización de la entidad de gestión que el Ministerio inició con el apercibimiento emitido el pasado mes de septiembre.

Si el juez autoriza su petición, Guirao nombrará un gestor interino constituido bajo la forma de una comisión, según establece la ley. Esa comisión, que asumiría las funciones legales y estatutarias de los órganos de gobierno de la entidad removidos, tendría como objetivo "regularizar" el funcionamiento institucional de la entidad, "clarificar" su gestión e "implantar" cuantas medidas fueren necesarias para cumplir "las obligaciones legales previstas en la normativa vigente en materia de propiedad intelectual".

El ministerio considera que el apercibimiento que envió el 27 de septiembre a la SGAE, es decir, hace "más de tres meses", para que "subsanara o corrigiera" varios "incumplimientos graves", no ha sido cumplido" y que "concurren razones de urgencia para realizar esta solicitud al juez".

La SGAE tendría que haber presentado ante Cultura y Deporte la solicitud de aprobación de modificación de sus estatutos, previamente aprobada por su asamblea general, según lo establecido por la ley. Además, la entidad tendría que haber constituido una junta directiva a través de un procedimiento que garantizara el respeto de todos los derechos reconocidos a sus miembros, incluido el ejercicio del derecho al voto electrónico.

Además, la entidad tendría que haber constituido una junta directiva a través de un procedimiento que garantizara el respeto de todos los derechos reconocidos a sus miembros, incluido el ejercicio del derecho al voto electrónico.

A ello se une que la SGAE debería haber adoptado las medidas que permitieran que el reparto -correspondiente al ejercicio 2018- de los derechos por la comunicación pública de obras de su repertorio en televisión cumpliendo con lo dispuesto en la ley y que ese reglamento de reparto se ratificara en su asamblea general.