Los hechos se conocieron en 2016, cuando trascendió que varios menores tutelados por la Diputación Foral de Álava tenían activos perfiles en una red de contactos, en los que ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero. Incluso los encuentros se cerraban en ordenadores del centro. La entonces diputada de asuntos sociales y ahora consejera Beatriz Artolazabal informó en su día de que los menores tenían entre 14 y 17 años. La madre de uno de ellos había llegado a denunciar los hechos ante la Policía Local tras encontrar mensajes en el móvil.
La investigación posterior llevó a la acusación de once personas, aunque una de ellas ha fallecido, y por eso la acusación se dirige a diez. La asociación Clara Campoamor también se personó en el caso y presentará su escrito en breve ante el Juzgado de instrucción número 2 de Vitoria. Será este juzgado el que celebre el juicio en el que se dirimirá si hubo una red de prostitución de menores tutelados.
