El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha aceptado parcialmente un recurso del Arzobispado de Valencia contra las restricciones de tráfico impuestas en 2021 por el Ayuntamiento de la ciudad en la zona norte del barrio de Ciutat Vella. La sentencia reconoce el derecho de los sacerdotes y auxiliares de las iglesias ubicadas en el Área de Prioridad Residencial (APR) a circular con sus vehículos en las mismas condiciones que los empresarios y comerciantes de la zona. El tribunal afirma que “no existe justificación” para que las iglesias y parroquias no reciban una atención igual a la de empresas y comercios y, por tanto, cuenten también con tarjetas de paso autorizado.
El fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, no atiende en cambio la pretensión del Arzobispado de que las autorizaciones se extiendan también a todos los fieles de las iglesias radicadas dentro del APR de Ciutat Vella. En este sentido, la sentencia dice que aceptar esa petición supondría otorgarles un trato de favor.
El TSJCV tampoco considera que la APR suponga una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa, como planteaba el Arzobispado en su recurso, “en cuanto cualquier persona podría desplazarse a las parroquias o iglesias recurriendo al transporte público o por sus propios medios. Del mismo modo el fallo no admite que las restricciones atenten contra la libertad de circulación y residencia, porque “existe una justificación de carácter ambiental o cultural” para imponerlas.
El alcalde, Joan Ribó, ha confirmado que el consistorio acata la sentencia emitida y no la recurrirá, al tiempo que ha afirmado que trabajará "rápidamente" para preparar "las tarjetas" que se facilitarán con el fin de que los curas y otras personas vinculadas a la actividad de las iglesias "puedan entrar de una manera normal". Por su parte, para el concejal del PP Carlos Mundina, el fallo deja en evidencia la falta de consenso e improvisación del gobierno local a la hora de aplicar estas restricciones de circulación:
Los populares han insistido en que una de las primeras medidas que tomarán en caso de acceder al gobierno del Ayuntamiento tras las próximas elecciones será apagar las cámaras de control de acceso a Ciutat Vella. El PP asegura que solo sirven para “hacer caja” con cerca de 1,9 millones de euros recaudados desde que se activaron en diciembre de 2021, los que supone una media de 5.000 euros al día.
