El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) falla a favor del Ayuntamiento de Benidorm en el proceso por el pago con el que el consistorio deberá compensar las pérdidas sufridas por la empresa de la ORA a causa de los efectos de la pandemia.
La compensación finalmente fijada por el tribunal no se acerca, ni de lejos, a la reclamada por la empresa, que rozaba los 795.000 euros y fija la cantidad en 77.628 euros. Esta cantidad se imputará con cargo al Fondo de Contingencia, con el propósito de consignar dicha cantidad y reducir al máximo los posibles intereses de demora que, previsiblemente, el demandante va reclamar con posterioridad
El fallo, que se ha conocido hoy, data de fecha 13 de marzo y estima parcialmente el recurso de apelación presentado por el consistorio. La solicitud de la UTE concesionaria del servicio de estacionamiento regulado -formada por las empresas SICE y Autobuses Playa San Juan- fue parcialmente aceptada, en principio, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante, que fijó la cuantía a percibir por la UTE en 459.198 euros, más los intereses legales "en concepto de reequilibrio económico del contrato por el período comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 9 de mayo de 2021". Contra este fallo presentó, Benidorm, el mencionado recurso que ahora considera el TSJ quien precisa que “no hay duda de que una parte básica del contrato no se pudo poner en práctica durante los primeros meses de restricción de la movilidad poblacional, pero no fue así durante todo el período reclamado”. Así, el periodo en el que sí puede reclamar compensación la mercantil sería el comprendido entre el comprendido entre el 14 de marzo y el 21 de junio.
Sentencia recurrible
El fallo no es firme y, tras la notificación de la sentencia, se abre un plazo de 30 días para que las partes recurran ante el Tribunal Supremo. El ayuntamiento ya ha anunciado que no lo hará porque “el fallo es favorable a los intereses municipales habida cuenta de que la cantidad a pagar es sensiblemente inferior a la inicialmente reclamada por el demandante” según ha señalado el alcalde Toni Pérez.
El consistorio recuerda que el contrato se resolvió en el pasado mes de diciembre, cuando se aprobó también incautar la fianza depositada por la UTE debido a los "incumplimientos reiterados de la mercantil".
