La negativa y evasivas del ayuntamiento de Benidorm a entregar la documentación requerida, que, según ha sabido Onda Cero, podría referirse a las actuaciones que el ayuntamiento lleva a cabo con respecto a los hoteles que operan sin licencia, llevó a la Agencia Valenciana Anifraude a una intervención en mayo de este año en alcaldía, en la que varios inspectores, acompañados de agentes de la Policía Nacional requirieron de nuevo la información tanto al alcalde, Toni Pérez, como al secretario del consistorio. Al parecer, la AVAF considera que tras esa visita sigue sin haber colaboración por parte del Ayuntamiento y ha abierto expediente sancionador contra el mismo, que podría suponer hasta 400.000 euros de coste para las arcas municipales.
Por una parte, el portavoz socialista Rubén Martínez, experto en Derecho Administrativo y que es, además, uno de los asesores que fueron llamado durante la redacción del reglamento de la AVAF, ha explicado que "podría haber derivación de extensión de responsabilidad contable, imputable al alcalde y/o el secretario del ayuntamiento", en cuyo caso sería el propio alcalde, el secretario o ambos quienes tendrían que devolver el dinero al municipio. Aparte de esta consecuencia, "podría haber también otras de carácter penal porque el procedimiento ha de ser comunicado a la fiscalía".
Al mismo tiempo, sin embargo, el alcalde, Toni Pérez interpuesto una querella contra la Agencia anti Fraude por considerar que el trato recibido por los inspectores el pasado mayo fue completamente inadecuado e improcedente. En el próximo pleno, Benidorm votará la representación legal del alcalde en la personación del ayuntamiento en la causa. La portavoz del equipo de gobierno, Lourdes Caselles, en declaraciones a Onda Cero Marina Baixa, ha defendido que "el ayuntamiento ha colaborado en todo momento con la Agencia" y que "el trato de los inspectores que visitaron el ayuntamiento el pasado mayo" hacia el alcalde y el secretario del ayuntamiento "no ha sido ha sido el adecuado"
