Como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan de cuenca del Tajo planteado por el Ministerio para la Transición Ecológica y que contempla un caudal ecológico en el Tajo que, ya para este año 2023, se sitúa en los siete metros cúbicos de agua por segundo, uno metro cúbico por segundo más que hasta ahora, lo que supone que en el presente ejercicio llegarán ya 31,5 hectómetros cúbicos de agua menos de agua para regadío a la cuenca del río Segura procedente de la del Tajo.
Un estudio elaborado por la Universidad de Alicante apuntó que por cada hectómetro cúbico de agua que deje de llegar procedente del trasvase Tajo-Segura, se pondrá en riesgo 86 puestos de trabajo en las provincias de Alicante, Murcia y Almería, que son las que se nutren del agua para regadío que llega de la cuenca del Tajo.
Con ello, en virtud de ese estudio, ya este año, el recorte en el trasvase que supone el caudal ecológico que ha quedado plasmado en el plan hidrológico del Tajo aprobado, va a poner en riesgo más de 2700 empleos en los sectores agrícolas de las tres provincias.
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) va a pedir medidas judiciales cautelares para impedir la puesta en marcha del plan de cuenca del Tajo aprobado a fin de evitar el daño “irreparable” que supondría que se ponga en marcha la reducción de los volúmenes de agua trasvasada que supone la planificación que ha aprobado el Consejo de Ministros: “Son miles los árboles que se riegan con esa agua y si ya se recorta la llegada de recursos este curso sufrirán daños que no se podrán recuperar”, ha destacado Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante y vicepresidente del SCRATS.
En el sur de la provincia de Alicante se riegan más de 26.000 hectáreas de superficie de cultivos con agua de ese trasvase, de las que casi 17.000 hectáreas están en el Camp d’Elx.
