El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha requerido de nuevo al PSOE la documentación solicitada el 6 y 21 de este mes acerca de los letrados o despachos profesionales de abogacía y consultoría que hayan sido contratados en cualquiera de sus órganos entre 2021 y 2025.
De esta forma, el magistrado da un plazo máximo de quince días, "sin más demora y sin supeditar el cumplimiento a actuaciones extraprocesales de su exclusiva iniciativa", para que aporte la documentación.
En una providencia emitida este viernes, el juez pide a la formación que le informe, en el caso de que entienda concurrente algún supuesto concreto de secreto profesional, que identifique de forma precisa e individualizada los documentos afectados y las razones jurídicas que justificarían su exclusión.
Pedraz acuerda esta diligencia después de que el partidos socialista solicitara ayer un plazo adicional para entregar la información sobre los abogados, a la espera de el Consejo General de la Abogacía Española se pronuncie sobre el alcance del secreto profesional.
La demora en la entrega de documentos
Pedraz pidió la documentación al PSOE el pasado 6 de octubre y, al no obtener respuesta, reiteró su requerimiento hace tres días, dando un plazo de 48 horas para que el partido se lo hiciera llegar.
Tras ello, la formación socialista pidió más margen para reunir la documentación requerida por Pedraz, alegando que debía consultar si esa información afectaba de alguna manera al secreto profesional.
La respuesta del juez al PSOE
En su resolución, el magistrado responde al PSOE que la presentación de una consulta ante el Consejo General de la Abogacía Española "carece de todo efecto suspensivo respecto del requerimiento acordado por este órgano judicial".
"Ninguna disposición legal atribuye a dicha iniciativa unilateral la virtualidad de paralizar una diligencia de investigación judicial ni de diferir el cumplimiento de una resolución jurisdiccional firme. El obligado al requerimiento no puede sustraerse a su cumplimiento mediante la promoción de actuaciones extraprocesales de naturaleza corporativa".
Además, explica que la resolución del 6 de octubre delimitó expresamente el alcance de la obligación de aportar documentación, excluyendo aquella información que pudiera resultar afectada por el secreto profesional.
Por ello, el juez precisa que la cuestión cuya aclaración dice perseguir la representación del PSOE "ya fue objeto de ponderación" por este instructor sin que proceda reabrir artificialmente un debate previamente resuelto en sede jurisdiccional.
Pedraz rechaza las excusas del PSOE
Según el juez, la contestación del PSOE "no identifica documentos concretos" que concurran en una afectación del secreto profesional, sino que se limita a sostener una "invocación genérica e indiscriminada" respecto de la totalidad de la documentación requerida.
"Tal planteamiento resulta incompatible con la jurisprudencia constitucional y ordinaria, que exige una justificación específica, individualizada y verificable de la concreta lesión que pudiera producir la entrega de determinada información", manifiesta Pedraz.
Además, rebate otro de los argumentos del partido sobre la tardanza en la entrega. Sobre la excusa de que la documentación se encuentra dispersa en distintos órganos territoriales, el magistrado destaca que no sirve para el incumplimiento del deber.
"Tales razones no pueden prevalecer frente al deber constitucional de colaborar ni justificar el incumplimiento de una resolución judicial", concluye el magistrado.
