El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha reconocido este jueves que el supuesto 'síndrome postaborto' no es una "categoría científica reconocida" y que el Ayuntamiento no "obligará" a ninguna mujer a recibir una información que no quiera. Ha dicho que el PP coincide con Vox en que hay que dar información, pero no en el argumentario.
"Apoyar que se dé información a las mujeres no es apoyar el argumentario que utiliza Vox, creo que debemos saber distinguir. Creo que nadie duda de que las mujeres tienen la madurez suficiente para recibir aquella información que ellas estimen adecuada", ha apuntado, insistiendo en que lo que se va a hacer es "poner a disposición de una mujer que se va a someter a una intervención quirúrgica si quiere disponer de esa información".
Durante un acto en el Colegio de Médicos, Almeida ha dicho que, en cualquier caso, la información que se facilitará a las mujeres "no se va a determinar por Vox", sino por parte de los "profesionales del ayuntamiento".
"Tenemos un extraordinario equipo de profesionales en el Ayuntamiento de Madrid que no le van a dar ningún tipo de información falsa a la mujer, no se puede dudar de los profesionales que tenemos", ha asegurado.
El 'síndrome postaborto' que defiende Vox
El Pleno de Cibeles debatió este martes una propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Ayuntamiento de Madrid sobre el 'síndrome postaborto'. Dicha propuesta se aprobó el miércoles con los votos a favor de PP y Vox y los votos en contra de PSOE y Más Madrid.
En dicho debate, la concejala de Vox, Carla Toscano, definió el 'síndrome postaborto' como aquella dolencia que provocaba "depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia, bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica a la de las mujeres que no han abortado".
Polémica y cruce de declaraciones entre PP y Gobierno central
La polémica suscitó opiniones en contra de varios miembros del Gobierno, como la ministra de Educación, Pilar Alegría, que además de advertir de que la iniciativa suponía "tratar a las mujeres como si fueran ciudadanas infantiles", no descartaba que el Ejecutivo emprendiese acciones legales para frenar lo que consideraba una "extorsión" a las mujeres.
En la misma línea se mostró la ministra de Sanidad, Mónica García, que recordó que este supuesto síndrome no existía como diagnóstico clínico, comparando la propuesta con el hostigamiento que sufren las mujeres a las puertas de las clínicas donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo.
Por su parte, el PP defendió que simplemente se trata de "informar" a las mujeres antes de una situación "difícil y trascendental". "Resulta extraño que alguien se oponga a dar información", llegó a decir Almeida. La vicesecretaria de Sanidad de los 'populares', Ester Muñoz, añadía: "¿Quién está en contra de que las mujeres estemos informadas?".
Mientras Vox iba más allá y, a través de su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, decía que los poderes públicos tenían que "velar por el derecho fundamental a la vida", ni ellos ni el PP consiguieron precisar el origen de los datos que avalarían la existencia de dicho síndrome.
