La polémica se ha desatado en torno a la decisión del Ayuntamiento de Madrid, con mayoría absoluta del Partido Popular, de apoyar una moción de Vox para informar en los centros de salud municipales sobre el llamado “síndrome post aborto”, un supuesto trastorno que no cuenta con respaldo científico ni reconocimiento médico.
La medida ha generado el rechazo frontal de PSOE y Más Madrid, que votaron en contra. Desde el Gobierno central, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha advertido que esta iniciativa supone “tratar a las mujeres como si fueran ciudadanas infantiles” y ha asegurado que el Ejecutivo “no descarta emprender acciones legales” para frenar lo que califica de “extorsión” y de ataque a la autonomía de las mujeres.
En la misma línea, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que el supuesto síndrome “no existe como diagnóstico clínico” y ha comparado la propuesta con el hostigamiento que sufren las mujeres a las puertas de las clínicas donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo.
Por su parte, el PP defiende que se trata simplemente de “informar” a las mujeres antes de una decisión “difícil y trascendental”. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que “resulta extraño que alguien se oponga a dar información”. La vicesecretaria de Sanidad del PP, Ester Muñoz, añadía en la misma línea: “¿Quién está en contra de que las mujeres estemos informadas?”.
Vox, impulsor de la moción, ha ido más allá. Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, insistió en que “los poderes públicos tienen que velar por el derecho fundamental a la vida”. Sin embargo, ni el partido de extrema derecha ni el PP han precisado el origen de los datos que avalarían la existencia de dicho síndrome.
Los socialistas madrileños ya han adelantado que preparan una ofensiva judicial contra la iniciativa municipal. Mientras, el PP insiste en que la controversia es una cortina de humo del PSOE para desviar la atención de los casos de corrupción que le afectan.
