Las medidas del Gobierno central para paliar los efectos de la Guerra en Oriente Medio tendrán un impacto superior a 70 millones en Baleares, según las estimaciones de la Delegación del Gobierno, que este lunes ha mantenido una reunión con representantes de las patronales y los sindicatos de Baleares.
Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, quien ha destacado el carácter urgente y necesario de las medidas, subrayando que el turismo es uno de los sectores más sensibles a la inestabilidad geopolítica. Además, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, ha criticado el viaje de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a Puerto Rico y ha exigido al Ejecutivo Autonómico que dé a conocer el paquete de medidas complementarias.
Por su parte, los representantes de las principales patronales de Baleares han insistido en que el paquete del Gobierno "protege a los consumidores", pero no tiene en cuenta a las empresas, por lo que echan en falta "valentía" por parte del Ejecutivo Central. Así lo han defendido José Antonio Rosselló, vicepresidente de CAEB, Ezequiel Horrach, presidente de la Agrupación Empresarial de Transporte de Mercancías, y Jeroni Valcaneras, presidente de los transportistas de PIMEM.
Mientras los portavoces sindicales han puesto el foco en la crisis habitacional, por lo que han pedido que se apruebe también el decreto propuesto por Sumar. Asimismo, exigen al Govern que "declare a las islas como zona tensionada" para poner tope a los precios del alquiler, según han explicado Daniel Cámara, de Comisiones Obreras, y Pedro Homar, secretario general de UGT en Baleares.
Las organizaciones empresariales y sindicales también reclaman un seguimiento constante de la situación y la posibilidad de ampliar las medidas si el conflicto se prolonga.
