Durante la jornada se ha debatido sobre planificación turística local, sostenibilidad, patrimonio, destinos turísticos inteligentes, digitalización e inteligencia artificial, además de conocer experiencias concretas y casos de éxito que pueden servir de ejemplo a otros municipios. En este sentido, durante las diferentes ponencias se ha coincidido en que es clave la cooperación y el trabajo en red entre administraciones, sector privado y agentes sociales. Ese es precisamente el papel de la FAMP, reiteró Yolanda Sáez, “acompañar a los gobiernos locales, generar espacios de encuentro y facilitar que el conocimiento y las buenas prácticas puedan trasladarse al conjunto del municipalismo andaluz”.
El turismo continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos y sociales de España y de Andalucía, desempeñando un papel estratégico en la generación de empleo, la cohesión territorial y la dinamización de los entornos urbanos y rurales. En este contexto, las políticas turísticas impulsadas desde la Junta de Andalucía y en el marco de las directrices europeas de transición verde y digital, sitúan la sostenibilidad, la gobernanza inteligente de los destinos, la digitalización y la resiliencia climática como ejes prioritarios para la transformación del modelo turístico andaluz. Es por ello que esta jornada ha puesto el foco en la planificación turística local, que adquiere una relevancia esencial como instrumento para promover un desarrollo equilibrado, inclusivo y respetuoso con el entorno.
En otro orden de cosas, la agenda semanal de la FAMP también ha estado marcada por la economía circular. Concretamente, durante una jornada celebrada en la Confederación de Empresarios de Empresarios de Cádiz, la FAMP ha abordado la necesidad de reforzar los recursos y la asistencia técnica a los ayuntamientos para afrontar los retos de sostenibilidad.
En la mesa de debate sobre “Responsabilidad compartida: de la norma a la acción”, se ha analizado la sostenibilidad y la aplicación de las nuevas exigencias en materia de seguridad ambiental, gestión de residuos o reciclaje, así como los retos que su puesta en marcha plantea a las entidades locales.
La FAMP pone sobre la mesa la necesidad de garantizar los recursos y herramientas suficientes para que puedan ejercer las nuevas competencias con eficacia. Mayor financiación, asistencia técnica y formación, dirigida tanto al personal municipal como a los profesionales implicados, con el objetivo de que los proyectos y procedimientos se ajusten desde el inicio a las nuevas exigencias legales.
La nueva normativa no incorpora una dotación económica específica, una circunstancia que puede afectar especialmente a los municipios pequeños y medianos, que cuentan con recursos técnicos y humanos más limitados.
