En apenas 48 horas, Aragón concurre a unas nuevas elecciones autonómicas. Son los primeros comicios de este 2026 (luego llegará, de momento, Castilla y León y Andalucía, a la que le queda concretar la fecha) y se presentan de forma precipitada, después de que el presidente de la región, Jorge Azcón no encontrase los apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos.
Es prácticamente el mismo escenario que en Extremadura, donde se acudió a las urnas el pasado 21 de diciembre. De hecho, en términos de resultados, también se prevé una imagen muy similar para Aragón: todos los sondeos apuntan a que el PP necesitará a Vox, mientras que el PSOE teme registrar el peor resultado de su historia.
Sea como fuere y a la espera de los resultados oficiales, conviene recordar las claves principales de estas elecciones para entender el contexto, de dónde vienen los aragoneses y, sobre todo, qué se puede esperar, o no, para los próximos cuatro años.
Así es el sistema electoral en Aragón
Aragón elige a los 67 diputados de las Cortes autonómicas mediante un sistema de representación proporcional. La comunidad se divide en tres circunscripciones provinciales -Zaragoza, Huesca y Teruel-, a las que se asigna un número fijo de escaños: 35 para Zaragoza, 18 para Huesca y 14 para Teruel. Cada provincia reparte sus diputados de forma independiente en función de los votos obtenidos por cada candidatura.
El reparto de escaños se realiza mediante la Ley D’Hondt, al que solo acceden las candidaturas que superan el umbral del 3% de los votos válidos en cada circunscripción. Este sistema favorece ligeramente a las fuerzas más votadas y hace que la distribución provincial tenga un peso clave en el resultado final, especialmente en Huesca y Teruel, donde un menor número de votos puede traducirse en escaños decisivos para la formación de mayorías y pactos de gobierno.
Pactos o mayoría absoluta
El candidato más votado en estas elecciones autonómicas necesitará la mayoría absoluta de las Cortes para gobernar en solitario. Esto es: 34 diputados, ya que la Cámara está compuesta por un total de 67 escaños. Alcanzar ese umbral permite formar gobierno sin necesidad de acuerdos con otras fuerzas políticas; por debajo de esa cifra, los pactos parlamentarios resultan imprescindibles para la investidura y la estabilidad del Ejecutivo.
Históricamente, la mayoría absoluta ha sido una excepción en Aragón. Desde la constitución de la comunidad autónoma, solo se ha registrado una mayoría absoluta, mientras que la práctica totalidad de los gobiernos se han formado mediante pactos entre dos o más fuerzas políticas. Esta dinámica ha convertido a Aragón en un territorio tradicionalmente proclive a los acuerdos postelectorales, donde los partidos medianos y pequeños han tenido un papel clave en la formación de gobiernos y en la gobernabilidad de la comunidad.
Participación vs. Abstención
La participación en las elecciones autonómicas de Aragón suele situarse en niveles medios, por debajo de las elecciones generales pero en línea con la media de los comicios autonómicos en España. Históricamente, el porcentaje de votantes se ha movido en una horquilla aproximada de entre el 65% y el 70%, lo que refleja un interés estable, aunque sin picos especialmente altos de movilización.
En las últimas convocatorias, la participación ha mostrado ligeras oscilaciones en función del contexto político. Por ejemplo, en 2019 la coincidencia con elecciones municipales y europeas impulsó la afluencia a las urnas, mientras que en 2023, la participación descendió ligeramente.
En términos generales, Aragón no destaca ni por una abstención especialmente elevada ni por una movilización excepcional, sino por un comportamiento electoral moderado y bastante constante a lo largo del tiempo.
A quién beneficia o perjudica la alta participación
La participación será uno de los factores decisivos en las elecciones autonómicas de Aragón de este domingo 8 de febrero. Los expertos coinciden en que el nivel de afluencia a las urnas puede alterar de forma significativa el reparto de escaños. Según la consultora GAD3, una alta participación tiende a beneficiar a los grandes partidos, PP y PSOE, al diluir el peso relativo de los electorados más movilizados, mientras que una baja participación favorece a las formaciones con bases más fieles y disciplinadas.
En este contexto, el PSOE sería el partido más perjudicado por un aumento de la abstención, mientras que Vox emerge como el principal beneficiado si vota menos gente, con opciones de reforzar su peso parlamentario incluso sin crecer en votos absolutos. Chunta Aragonesista también podría mejorar sus resultados con una baja participación. Por el contrario, una movilización elevada del electorado favorecería al PP y al PSOE, aunque sin garantizar mayorías claras, manteniendo un escenario abierto en el que la clave no será solo cuántos votan, sino qué perfiles acuden finalmente a las urnas.
Votos blancos, nulos...
- Los votos en blanco son aquellos en los que el elector acude a votar, pero no introduce ninguna papeleta en el sobre. Son votos válidos y se contabilizan en el total, por lo que influyen en el reparto de escaños al elevar el número de votos necesarios para superar la barrera electoral. En la práctica, el voto en blanco expresa descontento con las opciones disponibles, pero no invalida la participación.
- Los votos nulos, en cambio, son aquellos que no cumplen los requisitos legales: sobres con más de una papeleta de distintas candidaturas, papeletas rotas o alteradas, sobres con objetos extraños o cualquier otro error que impida considerar el voto válido. Estos votos no se tienen en cuenta para el reparto de escaños y no benefician ni perjudican directamente a ninguna candidatura.
La principal diferencia entre voto en blanco y voto nulo es que el primero sí es válido y computa en el cálculo electoral, mientras que el segundo queda excluido del reparto. Ambos se diferencian, a su vez, de la abstención, que se produce cuando el ciudadano no acude a votar. La abstención no tiene ningún efecto directo en el resultado ni en el reparto de escaños, aunque sí se interpreta políticamente como un indicador de desmovilización o desinterés electoral.
