El ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miguel Iceta, ha anunciado este jueves que el Consejo Superior de Deporte (CSD) llevará ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la actuación del presidente de la Real Federación Española del Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la final del Mundial.
"La semana que viene el CSD va a comunicar al TAD la presentación de diversas denuncias", ha señalado en declaraciones en el canal '24 horas' de la televisión pública.
Asimismo, Iceta ha calificado como "lógica" la decisión de abrir expediente a Rubiales por parte de la FIFA "ante hechos inaceptables y graves". "Es normal que las instituciones deportivas abran expediente y se pronuncien sobre ello. Esperaba que se produjese cualquier día y ha sido hoy", ha asegurado.
Este jueves, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha anunciado que abrirá un "procedimiento disciplinario" contra Luis Rubiales por los hechos ocurridos durante la final del Mundial femenino, en referencia al beso en los labios a la jugadora española Jenni Hermoso durante la entrega de medallas como campeonas del torneo.
En este sentido, Iceta ha puntualizado que "no se puede forzar a una persona, ni siquiera recibir una felicitación de ese modo" y que "un beso en la boca no es un abrazo".
"Nosotros lo que queremos es que, de forma inequívoca, la máxima representación del fútbol español le diga a la sociedad española que va a defender los derechos de las mujeres, que va a promover la igualdad y que no va a tolerar comportamientos inaceptables. ¿Cómo lo haga? Eso lo tiene que decidir la propia Asamblea", ha señalado en alusión a la asamblea extraordinaria de la RFEF que tendrá lugar este viernes.
La semana que viene podría ser tarde
La decisión del CSD podría llegar tarde si espera hasta el próximo lunes. Si la Asamblea de la RFEF deciden inhabilitar a Luis Rubiales, como adelantó Rafa Fernández en Onda Cero, ningún otro organismo podría sancionarle.
Según fuentes consultados por Onda Cero, el presidente de la RFEF estaría consensuando una inhabilitación de dos meses para evitar que otro organismo imponga una sanción más duradera.
