tribunales Baleares

Los abogados del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, así como de otros cuatro funcionarios de la Policía Nacional, que se enfrentan a 576 años de prisión por cometer irregularidades durante la investigación de una supuesta trama corrupta en torno al empresario Bartolomé Cursach, han pedido la nulidad del procedimiento y, por ende, de una sentencia absolutoria para todos los imputados en la causa, al entender que se han usado pruebas nulas que han llevado a la celebración del juicio.

Ambas acusaciones particulares sostienen que todos deben responder ante la Justicia por delitos de detención ilegal, prevaricación judicial, torturas, amenazas, revelación de secretos, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir delitos.

El Jurado no ha aceptado la tesis de la defensa, que planteaba calificar los hechos de homicidio, lo que hubiera conllevado una pena menor.

La sentencia declara probado que el 24 de junio de 2018, sobre las 1.50 horas de la madrugada, la acusada circulaba por la Avenida Miramar de Sa Rápita en dirección a Campos con el coche de su marido, sin seguro obligatorio, con sus facultades psicofísicas "notablemente mermadas" por la ingesta de bebidas alcohólicas, invadió el carril derecho por ir mirando el móvil y atropelló a dos jóvenes, una de las cuales falleció en el acto.

Los hechos ocurrieron en Sencelles cuando el acusado se dirigió a la casa familiar de su expareja, con quien tenía una hija menor, con el objetivo de obtener alguna cantidad de dinero.

Para el sargento, presunto autor del disparo que acabó con la vida del mallorquín Alejandro Fernández, de 22 años, en Almería, se mantienen las medidas cautelares adoptadas que son la obligación de comparecer apud acta los días 1 y 15 de cada mes y la retirada de pasaporte.

Considera probado que B.K. es autor de un delito de asesinato por alevosía y ensañamiento, con la circunstancia agravante de parentesco; tras acuchillar más de veinte veces a su padrastro e intentar matar a su madre, que recibió otra veintena de cuchilladas en enero de 2018.

La mujer, que sufrió quemaduras en el 80 % de su cuerpo, falleció días más tarde en el hospital. El niño sufrió quemaduras en la cara y en una pierna, en menos del 10 % de su cuerpo.

Huertas, que entonces era presidenta del Parlament, fue expedientada y echada por vulnerar el código ético del partido al amenazar con votar contra los presupuestos de la Comunidad si no se garantizaba financiación para el laboratorio de un compañero.

El ex Presidente del Govern balear es el único acusado por presuntas malversación, prevaricación y falsedad. La Fiscalía Anticorrupción pide para él una condena de 5 años de prisión.