La foto fija que trimestralmente ofrece el Consejo General del Poder Judicial sobre la violencia de género en los tribunales, muestra de nuevo un incremento en el número de denuncias en los tres primeros meses de este 2023. Los órganos judiciales dictaron 14.886 sentencias de las que casi el 80% resultaron condenatorias, lo que la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona califica de "buena noticia, porque manda un mensaje a los maltratadores de no impunidad. Les dice que maltratando lo único que logran es que la acción de la justicia caiga sobre ellos".
En el primer trimestre del año fueron 45.154 las mujeres que denunciaron, un 11,54% más que hace un año. Y se interpusieron 46.327 denuncias, lo que también significa un 10,92% más que en 2022. Dos de cada tres de esas denuncias fueron interpuestas por las propias víctimas, bien en el juzgado o en la comisaría. El tercio restante corresponde, sobre todo a las derivadas de atestados policiales (15,81%), las originadas por partes de lesiones (7,72%), terceras personas (4,13%) y en última posición las presentadas por el entorno de la víctima, que sólo representaron el 1,84% del total. De nuevo el CGPJ llama a la colaboración de esas personas próximas a las víctimas recordando "que es un deber ciudadano denunciar cualquier hecho delictivo y el hecho de no hacerlo nos convierte en cómplices".
La resolución de las sentencias cae mayoritariamente del lado de las víctimas: ocho de cada diez sentencias resultaron condenatorias. Y eso a pesar de que casi el 11% de las víctimas sigue acogiéndose a la dispensa de declarar contra sus agresores, un porcentaje que sube algo más de un punto porcentual respecto al año anterior.
Más medidas cautelares concedidas, sobre todo órdenes de alejamiento
También aumentaron en el primer trimestre las medidas cautelares concedidas. Se dictaron 11.658 órdenes de protección, un 7% más que hace un año. Casi 10.000 por juzgados de violencia sobre la mujer y el resto por juzgados de guardia. Las medidas más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento y la prohibición de comunicación. Además se dictaron medidas cautelares civiles, que protegen a la mujer y los menores a su cargo mientras se resuelve el proceso penal. En este caso las más frecuentes fueron la prestación de alimentos y las relacionadas con la atribución de la vivienda. En aplicación de las nuevas leyes, los tribunales dictaron casi 1000 medidas de suspensión del régimen de visitas, lo que supone un aumento del 19% respecto al mismo periodo de 2022.
Las sentencias dictadas proceden de los juzgados de violencia sobre la mujer, los juzgados de lo Penal, Audiencias Provinciales y Juzgados de Menores. Entre enero y marzo los Juzgados de Menores enjuiciaron, por delitos de violencia sobre la mujer, a 80 menores y se impusieron medidas en 77 de los casos.
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,4 en toda España, 1,7 puntos más alta que en el primer trimestre de 2022. Por encima de la media nacional se situaron Murcia, con una ratio de 26,4; Baleares, con 26; Comunidad Valenciana, con 25,6; Canarias, con 22,8; Navarra, con 21,1; Andalucía, con 21; Cantabria, con 19,2 y Madrid, con 18,4. Las tasas por debajo de la media nacional se contabilizaron en Galicia, con 12,4; País Vasco, con 13,1; Castilla y León, con 13,3; Cataluña, con 13,8; La Rioja, con 14,2; Castilla-La Mancha, con 14,3; Asturias, con 11; Aragón, con 16,4 y Extremadura, con 17,4.
