El Gobierno y las comunidades del PP siguen enredados en la polémica por la gestión de los incendios forestales, ahora a cuenta del uso que han hecho los ejecutivos regionales de los medios estatales que han solicitado y si estos recursos han llegado a tiempo.
Este nuevo rifirrafe entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los autonómicos del PP salta tras conocerse que, mientras Castilla y León reclamaba más medios estatales contra los incendios declarados en Zamora y León, la comunidad que preside Alfonso Fernández Mañueco mantenía sin usar recursos desplegados por el ejército.
Prueba de ello, es la situación de los militares desplegados en las localidades leonesas de Bembibre y Cistierna, que montaron el pasado lunes dos bases logísticas para atender a 180 integrantes del operativo de extinción de incendios, pero estas instalaciones llevan sin utilizarse desde entonces.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negado que el Gobierno preguntase a las autonomías demasiado tarde para el envío de medios y menos con un nivel 2, que les permite dirigirse a cualquier territorio para pedir elementos complementarios.
Entretanto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, sí ha contestado a Mañueco: según ha afirmado en Jaca (Huesca), pese a que sabía que tenía medios "desde el primer día", ha continuado cargando contra el Gobierno, por lo que le ha afeado: "En política no todo vale".
Este miércoles, la propia directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha salido al paso de la polémica en Castilla y León defendiendo la gestión del Gobierno. "Me preocupa seriamente que en vez de estar a apagar los incendios, estemos a reescribir las historias. La historia es clara y está documentada", ha zanjado.
El propio Mañueco ha reconocido que ha podido producirse "algún tipo de incidencias", pero ha incidido en su "apoyo total y sin reservas a todas y cada una de las decisiones" de las personas al frente de los operativos de extinción.
Además, ha dicho que los medios "se utilizan cuando lo decide el director del operativo", ha defendido que los recursos que llegan son "aprovechados al máximo" y ha asegurado que no le consta el "enfado" del Ejército ni de los responsables municipales afectados.
Entretanto, la Unión del Pueblo Leonés ha denunciado que las empresas contratadas por la Junta para labores de extinción buscan operarios sin formación ni experiencia, a través de portales de empleo, mientras Mañueco se niega a declarar el nivel 3 para que el Estado asuma las competencias.
Galicia desactiva medios
La Xunta desactivó el martes el apoyo que los consorcios provinciales de bomberos estaban prestando en los incendios de Ourense y pedirá que comuniquen los efectivos que tienen disponibles para las tareas de "saneamiento y liquidación de perímetros forestales". Justifica el Gobierno gallego dicha decisión en que "las necesidades van variando".
Su presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha desplazado este miércoles al pueblo orensano de A Caridade, en Monterrei, uno de los más afectados por los incendios, en donde se ha lamentado de no haber podido "llegar a todas partes" y ha asegurado que comprende "el enfado de la gente y la angustia".
Críticas desde Madrid y Andalucía
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha criticado la demora y la falta de coordinación del Gobierno para ayudar en la extinción de fuegos, como en el caso de Extremadura, adonde Madrid ha enviado un helicóptero, además de colaborar en las provincias de Ávila y Segovia.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que no acudió al incendio de Tarifa (Cádiz), ha criticado la reacción "tardía" del Gobierno central y que no se haya "cumplido con los medios que el Estado iba a poner a disposición de las comunidades".
"Un incendio que sobrepasa provincias y comunidades autónomas es un problema nacional, y el Estado debe desplegar toda su capacidad e influencia con el objetivo de colaborar para apagar el incendio", ha esgrimido.
