El pasado 25 de septiembre, el Tribunal de Cuentas impuso una fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, en caso de que sean finalmente condenados.
Esa cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.
Artur Mas, responsable solidario por ser el presidente de la Generalitat en aquel tiempo, aportó casi 2,2 millones junto con los demás investigados: sus exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y cinco funcionarios del Govern de entonces.
Pero la defensa de los investigados pidió 15 días más de plazo para reunir el resto de la fianza atendiendo a "los medios económicos de los presuntos responsables" y subrayando que con el adelanto se demuestra la voluntad de depositar la totalidad.
Su letrado también aclaró en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia.
La Unidad de Actuaciones Previstas del Tribunal de Cuentas acreditó el ingreso de esos 2,1 millones de euros y aceptó la prórroga e 15 días hábiles para el resto de la fianza.
Según confirmaron a Europa Press fuentes de la institución, ese plazo acabará definitivamente el jueves 16 de noviembre; si en esa fecha Artur Mas y los demás no aportan el dinero que falta, el Tribunal de Cuentas procederá al embargo de los bienes de los responsables del 9-N.