La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegó este jueves una nueva operación en el marco del 'caso Koldo' que se ha saldado con seis detenciones en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla.
La operación, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y desarrollada en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, se enmarca en una nueva pieza separada y secreta de la investigación. Las pesquisas están relacionadas con las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
Además de las detenciones, el operativo incluyó el registro del domicilio del exministro Ábalos en Valencia y la realización de requerimientos de documentación en las sedes de Adif y de la constructora Azvi.
La pareja de Ábalos, una de las detenidas
El dispositivo policial acabó con la detención de seis personas para la posterior toma de declaración. Entre ellos se encuentra el nombre de Andrea de la Torre, actual pareja sentimental de José Luis Ábalos. Su detención se produjo durante el registro que la UCO llevó a cabo en el domicilio del exministro en Valencia, donde ella se encontraba en el momento de la llegada de los agentes.
Según un informe de la UCO en marzo de 2025, Andrea formaba parte del "ámbito íntimo personal" de Ábalos desde diciembre de 2020, cuando este ocupaba la cartera de Transportes y la Secretaría de Organización socialista.
Su nombre comenzó a relacionarse con Ábalos después de conocerse que Koldo García, su exasesor, había intervenido en distintas operaciones económicas relacionadas con ella. Además, su figura ha sido muy polémica después de conocerse que encontró trabajo en una empresa pública vinculada al departamento que había dirigido Ábalos.
Entre junio de 2022 y agosto de 2024 estuvo contratada por Logitrail, filial de Renfe, donde desempeñó funciones relacionadas con el "control de presencia de los trabajadores" y la "organización de actividades formativas".
Los hermanos Corvillo
Asimismo, la Guardia Civil detuvo a Cristian Corvillo, ex chófer del presidente del Gobierno, en una operación realizada en Córdoba y que supuso la entrada en el domicilio del empresario. Corvillo declaró el pasado septiembre como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, instructor del caso del fraude del IVA en hidrocarburos, que se había reunido con el exministro de Transportes por asuntos relacionados con el partido socialista, y que tanto él como su hermano Rubén tuvieron vínculos con Víctor de Aldama, aunque, según su versión, los negocios nunca fructificaron.
Por su parte, Rubén Corvillo también fue detenido en el marco de la investigación. En su caso, tal y como reveló El Español, el hermano del chófer contribuyó a través de su empresa a pagar el aval para que Aldama obtuviera la cesión gratuita de dos edificios municipales en San Roque (Cádiz) para explotarlos como hoteles durante 40 años sin tasa alguna.
De esta forma, Aldama pudo acceder a la explotación del Edificio Rafael Alberti y la casa natal de Juan Luis Galiardo, convertidos en un hotel boutique y apartamentos de lujo.
La operación, que se desarrolló en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla y que investiga posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, también se saldó con la detención de tres empresarios cuya identidad aún se desconoce. No obstante, pasadas varias horas desde su detención, la Guardia Civil puso en libertad a los seis arrestados.
El origen del dispositivo policial
El juez Moreno ordenó la apertura de la operación después de recibir el pasado martes un nuevo informe de la Guardia Civil dentro de la pieza separada del caso Koldo en la que se investigan amaños en obras públicas, tanto ferroviarias como de carreteras.
La resolución del magistrado indica que el informe ha sido elaborado por la unidad de apoyo de la UCO en la Fiscalía Anticorrupción. El mismo martes, el instructor acordó enviar ese informe a una nueva pieza separada que declaró secreta, dentro de la cual se ha desarrollado la operación de este jueves.
Tras analizar los dispositivos electrónicos incautados a Ábalos, su ex asesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la Guardia Civil ha detectado que han aparecido más personas involucradas en los amaños de obras.
Así las cosas, la UCO solicitó en el día de ayer documentación a Adif y Adif Alta Velocidad sobre varios expedientes de contratación de obra pública, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades en la adjudicación de contratos ferroviarios durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes y determinar si se produjeron pagos de comisiones a cambio de favorecer a determinadas empresas.
Sin embargo, según explicó la constructora Azvi, se han limitado a cumplir con el requerimiento de información, subrayando que se trata de una actuación bajo secreto y que, por tanto, no podían desvelar la documentación reclamada por respeto a la confidencialidad y no interferir en la labor de los investigadores.
