LEY DE NIETOS

El Supremo rechaza suspender el voto a los hijos de los nacionalizados en la ley de nietos

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'.

El Gobierno entrega al Supremo el listado de los más de 160.000 afectados por la suspensión de voto de la ley de nietos

ondacero.es

Madrid |

El Supremo rechaza suspender el voto a los hijos de los nacionalizados en la ley de nietos/ EFE/Javier Lizón
El Supremo rechaza suspender el voto a los hijos de los nacionalizados en la ley de nietos | EFE/Javier Lizón

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto para las próximas elecciones del 29-N a los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como 'ley de nietos', que son alrededor de 190.000 personas, según han informado a EFE fuentes jurídicas. A diferencia de sus padres, nacionalizados por una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto salvo que acreditasen que son descendientes de exiliados, sus hijos sí podrán votar el 29 de noviembre, al descartar el tribunal la petición cautelar de Iustitia Europa y Vox.

Según las resoluciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza las peticiones de Vox e Iustitia Europea, que habían reclamado extender la suspensión del voto, mientras que la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, se mostró en contra por "no resultar conformes y ajustadas a derecho".

Los magistrados señalan que la suspensión del voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos' se adoptó el pasado 10 de septiembre, "mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la consiguiente convocatoria de elecciones generales".

"Por el contrario, la pretensión cautelar que debemos resolver ahora, pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente, transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados", contraponen desde el Supremo.

189.678 hijos, más que los 'nietos'

El alto tribunal discrepa de la alegación de la Abogacía del Estado "sobre la ausencia de incidencia material suficiente, que pretende justificarse basándose en el porcentaje de participación en las últimas elecciones generales electores incluidos en el CERA". El alto tribunal ha indicado, además, que no es posible conocer qué participación puede haber en el próximo proceso electoral, porque, sobre todo, se trata de un "colectivo mayor que aquel al que la Sala ha acordado ya la suspensión cautelar". No obstante, según datos oficiales, la cifra de este colectivo es de 189.678, superior a la de los destinatarios de la suspensión cautelar ya acordada, 162.454 personas.

"Hay razones para continuar la suspensión"

Lo que el Supremo sí que conserva es la suspensión ya acordada, rechazando en otro auto las alegaciones planteadas por varias asociaciones y particulares afectados personados en el proceso. "Después de conocer la relación nominal de las personas que aparecen afectadas por las medidas cautelares acordadas en nuestros autos anteriores, su considerable cifra y las presuntas irregularidades con que, aparentemente, han podido acceder al CERA, persisten las razones que llevaron a esta Sala a apreciar la existencia de este último requisito", considera el Supremo.

Y como en anteriores ocasiones, la magistrada María Alicia Millán ha formulado un voto particular contra la decisión de mantener la suspensión cautelar para los nacionalizados por esa disposición de la Ley de Memoria Democrática, que permite conseguir la nacionalidad española a descendientes de exiliados. "No comparto la tesis de que la sola invocación del interés general consistente en preservar la pureza o regularidad del censo electoral permita justificar la suspensión cautelar del derecho de sufragio activo de ciudadanos españoles incorporados al censo en virtud de actos plenamente eficaces", argumenta la magistrada.