El Gobierno ha entregado al Tribunal Supremo el listado de los 163.355 nacionalizados por la ley de nietos que no podrían votar en las próximas elecciones generales si no acreditan que son descendientes de exiliados, tal y como solicitó el Alto Tribunal. La entrega se ha producido en el plazo acordado por el Supremo, que vencía a las 15:00 horas.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Exteriores han señalado que de ese total, solo 901 tienen en el expediente la acreditación de la condición de exilio, certificada por los cónsules. Ellos sí que podrán votar el 29N.
También ha pedido que declare el listado como reservado
Fuentes del Ejecutivo han explicado, además, que la Abogacía del Estado ha pedido al Supremo que declare el listado como reservado para que las partes no puedan hacer un uso malicioso o ilegítimo de esa información, ya que contiene datos sensibles de carácter personal.
También han explicado que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha coordinado la labor de los consulados, que se han encargado de revisar los procesos de nacionalización, y ha autorizado la contratación de todas las asistencias técnicas solicitadas para culminar el trabajo en el plazo señalado.
Asimismo, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha enviado a la Oficina del Censo Electoral el pasado 15 de octubre el listado de 76.600 personas que aparecen en el Registro Civil Digital (DICIREG) como nacionalizadas, de acuerdo con los supuestos de la Ley de Memoria Democrática.
El impacto total en las elecciones sería de un 0,06%
Si bien, las mismas fuentes han señalado que "buena parte" de estas personas previsiblemente verán suspendido su derecho al voto, tal y como han pedido Vox y otras asociaciones, a pesar de que vieron reconocida la nacionalidad española, acogiéndose en el procedimiento de la Ley de Memoria Democrática y a la ley de nietos. Los requisitos y procedimientos son "idénticos" a los establecidos en la Ley de Memoria Histórica que se aprobó en 2007 y que se aplicaron "con plena normalidad".
El Gobierno ha calculado que, si la totalidad de las 163.355 personas pudieran votar, el impacto potencial sería de menos de 14.000 votos a repartir entre 52 circunscripciones, lo cual supone menos del 0,06% de los votos en las pasadas elecciones generales de 2023, han añadido. Incluso sería menor, porque el listado incluye menores o personas que ya han fallecido.
