El Tribunal Supremo ha abierto dos causas penales contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise Pérez:
- Por la presunta aceptación de 100.000 euros de un empresario para su formación política en las elecciones europeas.
- Por difundir una prueba falsa de covid del presidente catalán Salvador Illa.
La Sala de lo Penal ha iniciado diligencias previas contra Alvise, al apreciar indicios de presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la exposición razonada por la Audiencia Nacional por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral con el partido Se Acabó la Fiesta (SALF).
Las diligencias también se abren contra el empresario Álvaro Romillo, al tener responsabilidades relacionadas en la investigación. Este empresario, investigado también en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest, fue quien denunció al eurodiputado, a quien dijo haber entregado el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, 100.000 euros para su creación.
El tribunal admite, además, la comparecencia del PSOE en el juicio como acusación popular y al que se exigirá que preste una fianza de 15.000 euros.
La difusión de una prueba falsa de covid de Illa
Asimismo, la Sala ha abierto otra causa contra Alvise por presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias en relación con la difusión en Twitter de una prueba de covid falsa del actual presidente catalán y exministro de Sanidad, Salvador Illa, en 2021.
Aunque hay diligencias pendientes de comprobación, según el fiscal, se trata de un documento totalmente falso que Alvise habría creado con la intención de perjudicar a Illa y al PSC de cara a las elecciones catalanas.
Las protestas en Ferraz por la amnistía
Por otra parte, la Sala ha acordado no abrir causa contra Alvise por un presunto delito de desórdenes públicos relacionadas con las protestas por la ley de amnistía en noviembre de 2023 en las inmediaciones de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Declara que "no resultan elementos necesarios y suficientes para determinar la instrucción de una causa penal".
