El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid se posiciona frente al ministro Óscar López tras la información de Artículo 14 que revela que el pasado 11 de enero firmó, como responsable de Muface, la resolución que denegaba un recurso a un inquilino. Con ello ordenaba su desahucio de la vivienda, situada justo enfrente del piso de Maricarmen, la mujer de 87 años que falleció poco después de ser desahuciada y que se ha convertido en un símbolo de la crisis de la vivienda en España.
"La hipocresía a veces no tiene límites", dicen desde el sindicato. "Es una vergüenza: Óscar López denunciaba el desahucio de Maricarmen mientras su ministerio avala el procedimiento para echar a un vecino de enfrente (...) Para señalar a Ayuso, desahuciar es intolerable. Cuando la responsabilidad llega a vuestro ministerio, ¿basta con cumplir el procedimiento?".
Según el citado medio y según explicaba Rafa Latorre en Más de uno, en febrero de 1988, una mujer formalizó con Muface un contrato de alquiler. La mujer falleció el pasado año y su hijo solicitó subrogarse al contrato que tenía su madre.
La propietaria de la vivienda (Muface) autorizó la subrogación durante seis meses. Es decir, hasta febrero de 2026. Según el inquilino, el contrato que firmó su madre se había pactado por "tiempo indefinido" y que el arrendador "había renunciado expresamente a los derechos reconocidos en el Real Decreto-ley 2/1985", por lo que ponía el foco en la contradicción de conceder la subrogación y que esta, al mismo tiempo, fuese por tiempo limitado.
La información de Artículo14 señala que, antes del vencimiento, el inquilino presentó un recurso de alzada en julio de 2025 ante el organismo competente para impugnar la fecha de finalización. Pero el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública lo desestimó en una resolución firmada por Óscar López.
El Ministerio respondió que un contrato indefinido no significaba que fuese "perpetuo", que en el contrato con la madre no se había pactado "claramente" la prórroga forzosa y que la renuncia del arrendador a los derechos del Real Decreto-ley 2/1985 no se considera "suficiente" para demostrarlo.
Ahora, tras la situación desencadenada por el caso Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid asegura que el 11 de noviembre lo pararán "todo".
