Las pulseras antimaltrato vuelven a estar en el centro de la polémica. Ahora, debido a las palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Según un audio publicado por ABC, la ministra reconoce en una reunión con Securitas Seguridad España, la empresa encargada de los dispositivos, que "fallan en su 'esencia', que el sistema funcionaba mejor 'hace tres o cuatro años' y que la falta de geolocalización adecuada distorsiona la protección de las víctimas".
La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha calificado de "absolutamente intolerable e indefendible", así como "desgarrador imaginar la angustia, el miedo y la impotencia que deben sentir las víctimas y sus familias". Los populares consideran que es un asunto "de extraordinaria gravedad y de especial sensibilidad", por lo que el 29N hay que votar "en defensa propia" y ha pedido su "comparecencia urgente" en el Congreso ante la Diputación Permanente.
La ministra insinúa que podrían estar manipulados
Por su parte, Redondo ha defendido la gestión de su Ministerio con las pulseras antimaltrato y ha apuntado a que los audios "probablemente estén manipulados". "Yo desde luego no lo reconozco, no sé de dónde han salido y en ningún caso son públicos", ha argumentado la ministra, que ha recordado que el contrato de adjudicación de 2023 está siendo revisado por la UCO y el Tribunal de Cuentas, "que ya ha dicho que está todo correcto".
Fuentes del ministerio, además, han aseverado a EFE que están estudiando "emprender acciones legales" contra el citado medio. "No podemos admitir que se difunda un supuesto audio de una reunión privada sin ni siquiera llamar para contrastar la información", han indicado.
Los nuevos dispositivos son tecnológicamente superiores
Redondo también ha insistido en que "ninguna mujer con el dispositivo puesto y conectado ha sido asesinada y que, en estos momentos, "hay más de 5.000 mujeres" que lo llevan y un 90% de ellas "hablan de él positivamente y lo recomendarían". Además, ha insistido en que su departamento "siempre" ha estado "encima de la empresa" para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos.
Sobre la tecnología de las pulseras, Redondo ha apuntado que se pasó de "un contrato de 45 millones a un contrato de 111 millones" y que los nuevos dispositivos son de tipo "tobillera, mucho más potentes y mucho más fiables", porque combinan señales GPS, acceso a cualquier red móvil disponible y wifi para localizar los dispositivos de agresor y víctima "de manera precisa y en tiempo real", procesando más de 41 millones de posiciones al día.
Más de 1.400 mujeres tienen pulseras antimaltrato con orden de alejamiento inferior a la distancia recomendada
Una información publicada por 'El Pais' y confirmada por Europa Press señala que, un total de 1.415 mujeres llevan pulseras telemáticas antimaltrato con órdenes de alejamiento con distancias inferiores a la mínima recomendada de 350 metros, según el último informe del centro de control Cometa, dependiente del Gobierno contra la violencia de género.
De los 5.817 expedientes que aparecen en el registro, 25 dispositivos tienen establecida una distancia inferior a los 100 metros; 139 se sitúan entre los 100 y los 199 metros; y 1.251 comprenden un perímetro de entre 200 y 350 metros. Los técnicos, en el informe, indican que la distancia "aconsejable" para que el sistema sea "más eficaz" debería ser "al menos, de 500 metros".
En este sentido, Redondo publicó el pasado lunes un mensaje en redes sociales en el que cargaba contra los jueces, que "tienen que establecer órdenes de alejamiento con la distancia suficiente". "Se lo hemos recordado en múltiples ocasiones y hemos ofrecido formación también de forma reiterada". En febrero, el Ministerio de Igualdad alertó de que las órdenes de alejamiento de menos de 350 metros dificultan la protección de las víctimas.
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han explicado a EFE que la distancia de seguridad la determina el juez en función de las circunstancias de cada caso y de las necesidades de protección de la víctima, por lo que no hay una distancia estándar ni se le pueden dar instrucciones a un juez sobre el radio de alejamiento.

