Según ha informado en una entrevista radiofónica y han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo catalán, Puigdemont presentó el pasado 22 de junio un escrito al Govern pidiendo acogerse a las prerrogativas que establece la ley de expresidentes de la Generalitat.
Fuentes del Gobierno catalán han indicado que es el Departamento de Presidencia, dirigido por Elsa Artadi, quien está analizando la petición del expresidente catalán, quien, a diferencia de sus predecesores, vive fuera de España, actualmente en Alemania, a la espera de lo que dictamine la justicia germana sobre su extradición.
La ley del estatuto de los expresidentes establece que la Generalitat debe cubrir a cada expresidente los gastos de una oficina con tres trabajadores y un coche de representación con chófer y servicios de seguridad.
Además, la norma establece que éstos tienen derecho a una asignación mensual del 80% de su retribución cuando eran presidentes -o del 60% en caso de mayores de 65 años-, por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han estado en el cargo y, como mínimo, por una legislatura.
Pero la ley establece que la percepción de esa asignación como expresidente es incompatible con el ejercicio de un cargo público, razón por la cual Puigdemont no ha pedido la retribución porque es diputado autonómico.
Puigdemont fue destituido en aplicación del 155 a finales de octubre de 2017, cuando huyó a Bélgica, pero en ese momento no lo aceptó porque entendió que no podía cesar por este mecanismo.
Así, renunció entonces a las prerrogativas como expresidente de la Generalitat, criterio que ha modificado después de que se haya constituido el Govern de Quim Torra.