En su escrito de defensa entregado al juzgado de instrucción 6, al que ha tenido acceso Efe, el expresidente de la Junta afirma que "desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas sociolaborales, así como las ayudas concedidas en cualquier otro ámbito, al no ser ésta su función como presidente de la Comunidad Autónoma".
Añade que "no pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de las ayudas sociolaborales puesto que nadie le advirtió de ello y el Interventor General tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación".
Entre los años 2000 y 2009, el Consejo de Gobierno presidido por Chaves aprobó 18 modificaciones presupuestarias relacionadas con los ERE de un total de 1.271 modificaciones presupuestarias aprobadas durante ese mismo periodo por el Ejecutivo andaluz.
Y esas 18 modificaciones, según su escrito de defensa, fueron tramitadas contando "con todos los documentos e informes preceptivos, las memorias justificativas y explicitaron el impacto en los objetivos de los programas de actuación, inversión y financiación afectados".
"Todas estas modificaciones presupuestarias contaron con el preceptivo informe, favorable en todos los casos, de la Intervención General de la Junta de Andalucía", añade el escrito.
Chaves "en su condición de presidente de la Junta de Andalucía, se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles y que contaban con todos los informes preceptivos favorables, incluido el informe favorable de la Intervención General" en todos y cada uno de los casos.
El escrito de defensa explica que "todas estas modificaciones presupuestarias formaban parte del denominado 'índice verde' del Consejo de Gobierno, es decir, aquellos asuntos del Orden del Día que ni siquiera se someten a deliberación entre los miembros del Consejo de Gobierno, sino que se aprueban directamente por ser de su competencia, según una práctica habitual no sólo en los Gobiernos autonómicos, sino también en el Gobierno de la Nación".
Junto a los expresidentes andaluces Chaves y José Antonio Griñán, están procesados en la denominada pieza política de los ERE otros 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos seis consejeros del Gobierno andaluz, por las ayudas a empresas y sociolaborales concedidas entre los años 2000 y 2010.
