El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a 25 directivos de empresas públicas y privadas en el marco del denominado "caso Leire", en el que se investigan presuntas adjudicaciones irregulares vinculadas a contratos públicos.
Entre los nuevos investigados figura la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, así como el expresidente de la empresa pública Enusa, José Vicente Berlanga, y el exresponsable de Mercasa, José Ramón Sempere. También aparecen directivos de compañías privadas como Acciona, Servinabar, Tubos Reunidos y Forestalia.
Según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha acordado citar a todos ellos tras apreciar "indicios de criminalidad" en la pieza separada que analiza posibles amaños en la adjudicación de contratos.
Una investigación sobre presuntas adjudicaciones irregulares
La investigación se centra en la actuación de una presunta trama en la que habrían participado empresas públicas como Enusa, Mercasa o la propia SEPI, junto a entidades privadas, para manipular procedimientos administrativos y obtener beneficios económicos.
Pedraz asumió la instrucción del caso en diciembre de 2025, tras la detención de Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que los tres habrían cobrado cerca de 700.000 euros en comisiones en al menos cinco operaciones bajo investigación.
La presunta relación con Santos Cerdán
El juez apunta además a la existencia de una relación previa entre Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quienes sitúa dentro de la presunta trama. Según el instructor, ambos habrían utilizado su capacidad de influencia para orientar adjudicaciones y obtener rédito económico.
En sus resoluciones, Pedraz también menciona la posible participación de Cerdán en el denominado grupo "Hirurok", cuyos integrantes habrían actuado de forma coordinada y bajo una estructura jerárquica para repartirse los beneficios derivados de las operaciones investigadas.
