El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ofrecido a Hacienda, a través de la Abogacía del Estado, personarse en la pieza separada en la que se investigan las joyas halladas en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y valoradas en 1,3 millones de euros.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez realiza el ofrecimiento de acciones a la Agencia Tributaria como "potencial perjudicada" por los hechos investigados relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y delito de contrabando.
En opinión del juez puede existir "un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT", lo que la legitima, a su juicio, para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes". La abogacía del Estado es la que representa a la Agencia Tributaria por lo que la decisión final para personarse en la causa depende del ministro de la presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
Cuando la pasada semana Zapatero declaró ante el juez, el exlíder socialista declinó dar en aquel momento explicaciones sobre las casi 80 joyas que la Policía Nacional encontró en una caja fuerte en un registro en su oficina, en la madrileña calle de Ferraz, un asunto sobre el que dijo que hablará en una semana o diez días, cuando solicite una nueva declaración al respecto.
Previamente, el abogado del expresidente había intentado sin éxito posponer esta parte de la declaración al alegar que había tenido poco tiempo para prepararla después de que la histórica joyería Ansorena tasase la semana previa las joyas en 1,3 millones de euros. Una solicitud que rechazó de plano el juez José Luis Calama al considerar que el hallazgo de las joyas se produjo el pasado 19 de mayo, y que había tenido suficiente tiempo para preparar su defensa.
Tras recibir el informe de tasación, el juez imputó a Zapatero un delito fiscal y otro de contrabando ante el origen aún no justificado de las joyas.
Novedades en el caso Plus Ultra
Esta noticia se suma a otras novedades que afectan a la investigación contra el expresidente del Gobierno. Una de las últimas se conoció dentro de un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el pasado 22 de junio, que sostiene que Rodríguez Zapatero participó en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia orientada a "beneficiar los intereses" del grupo empresarial peruano Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros".
A ese respecto, el exmandatario boliviano Luis Arce negó este jueves estar involucrado en el supuesto "tráfico de influencias" del que se acusa a Zapatero. "No estuve ni estoy involucrado en ningún tráfico de influencias que haya favorecido a Soboce (Sociedad Boliviana de Cemento) o alguna otra empresa privada", afirmó en una publicación en sus redes sociales Arce (2020-2025), quien está encarcelado preventivamente desde diciembre por un caso de presunta corrupción.
Por otra parte, el líder socialista ha pedido la "nulidad general" del procedimiento judicial al considerar que durante la investigación se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales y que se ha incorporado al procedimiento "prueba ilícitamente analizada". La queja llegó justo después de que se hayan filtrado mensajes de carácter personal dentro de la conversación entre Zapatero y su secretaria Gertrudis Alcázar.
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