El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado la "nulidad general de las actuaciones" del caso Plus Ultra al considerar que durante la investigación se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales y que se ha incorporado al procedimiento "prueba ilícitamente analizada".
La defensa del también exlíder socialista ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, en el que formula un incidente de nulidad de actuaciones al entender que se han vulnerado derechos como el del juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho a un proceso con todas las garantías, la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia.
El abogado Víctor Moreno Catena sostiene que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados, en el marco de diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que no se ajustaban al marco legal, y con maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia para la denunciante".
La defensa cuestiona el origen de la investigación
Según el escrito, la nulidad de actuaciones tiene su origen en la propia génesis de la investigación, iniciada en un juzgado de Madrid, y se extiende al resto del procedimiento por las actuaciones de la Policía y de la Fiscalía.
La defensa argumenta que la apertura de la causa se sustentó en el análisis de conversaciones privadas del abogado investigado Miguel Palomero, contenidas en un disco duro denominado "Crucial", así como en otras conversaciones de terceros obtenidas durante registros practicados a petición de las autoridades de Francia y Suiza en el marco de investigaciones abiertas en esos países.
En concreto, sostiene que la Fiscalía y la magistrada del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que posteriormente remitió la causa a la Audiencia Nacional, se apoyaron en el análisis de un chat denominado "Danilo-España" para apuntar a la posible existencia de una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de presuntos delitos cometidos en Venezuela y otros países.
Acusa a la Fiscalía de extralimitarse
El escrito pone en duda que la Fiscalía contara con autorización judicial para solicitar a la Policía un informe sobre esas conversaciones y sostiene que pudo producirse una injerencia no autorizada tanto en el secreto de las comunicaciones como en el derecho a la intimidad del abogado investigado.
Asimismo, la defensa acusa al Ministerio Fiscal de asumir competencias propias del juez instructor e incoar diligencias preprocesales en 2025, tras el archivo inicial de la causa y la desestimación de las denuncias, con el objetivo de crear un marco que permitiera analizar el contenido del disco duro "Crucial", custodiado por la propia Fiscalía.
"No son admisibles las investigaciones paralelas, ni el solapamiento de quienes intervienen en la persecución penal", sostiene el letrado.
También cuestiona la forma en la que se abrió el procedimiento, mediante una pieza separada que, según la defensa, no guardaba conexión con la causa principal archivada previamente y que evitó que el asunto fuera repartido entre los distintos juzgados competentes.
Solicita anular toda la causa
La defensa de Zapatero considera que las conversaciones analizadas constituyen una prueba ilícita y que ello provoca un efecto de "nulidades encadenadas hasta la última resolución", contaminando el conjunto del procedimiento, incluidas las entradas y registros practicados durante la investigación.
Además de pedir la nulidad general de las actuaciones, el expresidente solicita la anulación expresa de doce resoluciones judiciales, entre ellas la apertura del procedimiento en el que figura como investigado, la remisión de la causa a la Audiencia Nacional, los registros efectuados en su despacho, en la empresa de sus hijas y en otras sociedades, el bloqueo parcial de sus cuentas y la apertura de una pieza separada por presuntos delitos fiscales y de contrabando relacionados con las joyas incautadas en su oficina.
