La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, encargada de la investigación de la entrada masiva de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, ha acordado elevar una exposición razonada al Consejo de Ministros en la que solicita la desclasificación "con carácter urgente" de una serie de documentos e informes del CNI relacionados con la causa.
De esta forma, da 15 días para que aporte las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio relativos a las investigaciones sobre la llegada de migrantes. Hace especial hincapié en todos los informes clasificados relativos a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha.
"La autoría del ataque"
Tardón subraya que, en esta causa, la información solicitada es relevante para la investigación y que no afecta a la seguridad del Estado, pues la misma se ha visto vulnerada precisamente en el marco de los hechos objeto del procedimiento: "La autoría de ese ataque a la seguridad del Estado es lo que pretende averiguarse con la investigación en curso".
Además, solicita que se desclasifique "la información necesaria para que puedan prestar declaración como testigos" varios miembros del CNI. Sobre esto, también pide "cualquier otra nota o comunicación que hubieran sido emitidas o recibidas por parte de ambos servicios de inteligencia conteniendo cualquier posible aviso o alerta o respecto de la inmigración irregular de entrada en España desde el Reino de Marruecos, que se hubieran efectuado durante todo el mes de julio y hasta el día en que se reciba la presente solicitud".
Por último, solicita que se desclasifique un informe elaborado por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) fechado el 4 de agosto.
El deber constitucional
Tardón explica que "sin obtener esa información no pueden acordarse las diligencias subsiguientes, en particular la declaración testifical de los agentes del CNI y de los destinatarios de sus comunicaciones", lo que puede comprometer los plazos de la instrucción.
Además, señala que cuando la información interesada "presenta una relación directa, objetiva y relevante con los hechos investigados", máxime cuando "no existen fuentes alternativas que permitan alcanzar el mismo resultado probatorio", el deber constitucional de colaboración con la Administración de Justicia "adquiere su máxima intensidad".
A su juicio, esto legitima que "el órgano instructor promueva los mecanismos legalmente previstos para hacer posible el acceso jurisdiccional a dicha información".
"La eventual clasificación de la información solicitada como materia secreta o reservada no constituye un obstáculo jurídico absoluto que impida a este órgano judicial promover su desclasificación cuando resulte necesaria para la investigación de hechos presuntamente delictivos", apunta.
Según indicó el CNI, las autoridades marroquíes "eran conscientes, días antes de que se produjera la entrada masiva, de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares a Ceuta" y "habían decidido reforzar el dispositivo de seguridad existente hasta ese momento", pero "en la práctica mostraron una implicación muy irregular en la prevención y control de la crisis".
