El Gobierno y Junts han pactado este martes una nueva reforma legal que podría obligar a las grandes empresas con servicios de atención al cliente a atender en catalán independientemente de que estén o no ubicadas en Cataluña.
La norma afectará a trabajadores de servicios de atención al cliente de empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general.
Podría afectar, entre otras, a empresas eléctricas, de suministro de gas y agua, telefónicas, aeronáuticas, ferroviarias, autobuses, servicios postales, plataformas audiovisuales, servicios financieros o aseguradoras.
Se acuerda así la formación obligatoria del catalán para las personas que se dediquen al servicio de atención al cliente en las empresas expuestas y ya no será obligatoria responder como mínimo en castellano, sino que se hará en el idioma con el que el cliente se haya dirigido a la empresa. Las comunicaciones escritas entre la empresa y el cliente también tendrán que adaptarse a la lengua requerida por el último.
"Estas medidas suponen un cambio de paradigma, puesto que ponen por delante el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial", explica la formación independentista en un comunicado.
En su escrito, Junts saca pecho de conseguir "blindar" el catalán en la atención al cliente gracias a los cambios logrados en el proyecto de ley de atención a la clientela, una norma con "gran alcance" que regula estos servicios en grandes empresas y operadores de servicios básicos de interés general.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en trámite parlamentario en el Congreso y a la espera de una fecha para analizar las enmiendas registradas por los diferentes grupos.
